Al analizar la cantidad de hechos criminales que se siguen dando en el Istmo de Tehuantepec y en otras regiones como la Cuenca del Papaloapan, bien podemos reconocer que en lo que respecta a los operativos que se han montado para reforzar la seguridad pública, éstos parecen haber fracasado. El triple asesinato que se dio previa la jornada electoral del primero de julio, cuando murieron acribilladas la ex candidata a Síndico Municipal de Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, la foto-reportera, María del Sol Cruz Jarquín y una persona que laboraba como chofer de la primera, fue el origen del operativo que las Fuerzas Armadas, las corporaciones policiales federales y estatales, así como diversos organismos, montaron en la zona. No obstante haber anunciado la creación de una fuente de información sobre los resultados de dicho operativo, éste ha sido más bien un vertedero de boletines sobre hechos menores, como aseguramiento de vehículos con reporte de robo, decomisos, persecuciones y otros, sin que se haya llegado al meollo del asunto, es decir, el desmantelamiento de bandas de sicarios y grupos criminales, que han sentado sus bases en dicha región.
En la Cuenca del Papaloapan, es increíble que por más operativos policiales que se han puesto en marcha, las ejecuciones se dan en Tuxtepec, a plena luz del día y en céntricas calles o avenidas. Según los datos disponibles, la semana pasada se dieron ejecuciones en la zona conurbada de la capital, concretamente en la agencia de San Luis Beltrán, lo que significa que la delincuencia organizada está cometiendo sus fechorías en plena capital. El sábado pasado, otro hecho criminal se dio en los rumbos de Huayapam. Es más, las narcomantas son colgadas a vista de todos y nadie hace nada. El pretexto de las autoridades estatales anteriormente era que todo lo concerniente a narcotráfico y delincuencia organizada era asunto federal. Pero es la omisión de las autoridades locales lo que ha permitido que la maña penetre y permee por todo el estado. La omisión y la auto-justificación es lo que ha contribuido al crecimiento de las operaciones delictivas. Si había una esperanza de que con la creación de la llamada Guardia Nacional el país –y el estado, por supuesto- pudiera vivir en paz, es tiempo de irla borrando de la mente. Según el próximo Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, se atacará solamente la estructura financiera de los grupos criminales.
Urge orden en transporte
La cadena de hechos criminales que se han dado en las últimas semanas, en la cual las víctimas han tenido que ver con el transporte concesionado, como es el caso del dirigente de los taxistas de la CTM, Pedro Tito Hernández y otros más, obliga a las autoridades, particularmente a la recién llamada Secretaría de Movilidad (Semovi) a replantear su política de concesiones. Ha trascendido que éstas alcanzan la preocupante cifra de 45 mil. Ello sin contar moto-taxis y otro tipo de unidades. La situación es tan grave que son nota diaria los enfrentamientos entre organizaciones de diversa naturaleza, centrándose el conflicto por disputa de rutas entre el Sindicato Libertad, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Frente Popular 14 de junio. Las tres se han visto involucradas en hechos de sangre, ya sea como víctimas o presuntos victimarios. El problema es que los actores se han convertido en un serio problema de seguridad y de gobernabilidad, pues es ya común que los dirigentes –como ocurrió con Marco Antonio Sánchez, hoy consignado en un penal- se pasean impunemente con vehículos blindados y ostentosas escoltas, generando entre la sociedad repudio y preocupación.
De seguirse otorgando concesiones a diestra y siniestra, el problema de la disputa por rutas y otros negocios más rentables e ilegales, continuará. La cifra de asesinatos y ejecuciones está al alza, ello implica que los negocios ligados a grupos delictivos son más apremiantes que las simples rutas de transporte. Hace unos días, el dirigente del Sindicato Libertad, Juan Yahvé Luis Villaseca, al pretender eludir un operativo de alcoholímetro generó hechos de violencia, al enfrentarse sus guaruras a personal de la Policía Vial. Es pues la impunidad de estos sujetos lo que ofende a la sociedad. Es un hecho que este sujeto como otros tienen protección de los jefes policiales, como ya se ha dicho. Y ello, obviamente, no contribuye en nada, absolutamente en nada, ni a la gobernabilidad ni al fin de la impunidad y la violencia. Una y otra vez hemos abordado el tema en este espacio editorial. Se trata de uno de los rubros que mayores riesgos generan a la gobernanza. Y no es un asunto menor. Tiene que ver con operaciones ilícitas que deben ser del conocimiento de la Federación, porque aquí, las complicidades se dan con abierto cinismo y desfachatez.
