En los últimos tiempos ha abundado la apertura de escuelas sobre todo dirigidas a alumnos que no concluyeron la secundaria o la preparatoria y, por la premura de inscribirse en una carrera universitaria, caen en manos de farsantes que les cobran inscripción, colegiaturas, exámenes, con alto costo para los interesados y familiares. Sin embargo, una vez que en apariencia se concluyó el programa escolar obligado para poder obtener el certificado de estudios, los traen de arriba para abajo y del tingo al tango, sin resolverles nada. Pueden pasar meses y hasta más de un año para que puedan tramitar, desde las coordinaciones de las citadas escuelas, los documentos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), que les otorga validez oficial para acreditarse en cualquier escuela de educación superior o universidad.
Por la forma en la que operan, todo apunta a que están fuera del control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Es importante subrayar que durante el tiempo en que los alumnos deben ir a asesorías o exámenes parciales, tienen que pagar cuotas, de las cuales se les extienden recibos simples, lo que conlleva la sospecha de que se trata de negocios particulares, sin el aval de las autoridades educativas. Lo que sorprende es que las autoridades sigan permitiendo este tipo de operaciones fraudulentas y sus responsables continúen sorprendiendo la buena fe de alumnos y padres de familia, sin recato alguno. Sin duda se trata de un delito que opera en total impunidad, pues no es válido pensar que una vez que aquellos pagaron los derechos de inscripción, clases y exámenes, aun así, les sea regateado el documento oficial, por el que han luchado.
No estaría de más que los inspectores y supervisores con que cuenta el área educativa oficial en el estado, es decir el IEEPO, hagan una revisión exhaustiva de todas estas escuelas, academias o colegios, para verificar la autenticidad de su labor o el estado de su documentación con la que puedan operar. Asimismo, validar los estudios profesionales de maestros y coordinadores, sin descuidar por supuesto su situación fiscal, pues es notorio que el hecho de expedir recibos simples sin la validez que otorga la autoridad competente, no es una buena señal. Mucho se puede hacer, pues, para evitar que se siga con esta práctica fraudulenta sin que los responsables reciban un castigo ejemplar.
Civilidad en campañas
Desde el pasado domingo 3 de abril iniciaron formalmente las campañas políticas de los y las aspirantes a la gubernatura de Oaxaca. Por tanto, están ya en ruta de su labor de proselitismo, Salomón Jara Cruz, abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Unidad Popular (PUP), que van en coalición y Alejandro Avilés Álvarez, que lleva los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por su parte, también busca el apoyo popular Natividad Díaz Jiménez, candidata del Partido Acción Nacional (PAN); Alejandra García Morlán, del Movimiento Ciudadano (MC); Bersaín López del Partido Nueva Alianza Oaxaca, además de dos candidatos de extracción indígena que dicen representar a los pueblos originarios.
Todos (as) están en un plan de igualdad ante los órganos electorales, por lo que pueden hacer uso de sus mejores estrategias para poder convencer al electorado potencial que acudirá a las urnas el próximo cinco de junio. Sin embargo, en los diversos sectores sociales se pide a los y las candidatas, hacer una campaña de altura, de propuestas –no de promesas-, de acciones viables, no de calumnias y denuestos en contra de sus adversarios. Oaxaca urge de madurez y cordura. Nada se logrará estar tundiendo a sus opositores con insultos o descalificaciones. Es más, urge suscribir un pacto o acuerdo de civilidad y tolerancia, que igualmente sirva a los simpatizantes y militantes para evitar acciones de violencia. El árbitro electoral local, el IEEPCO o nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), pueden ser quienes convoquen para este acuerdo.
De una cosa, sin embargo, podemos estar seguros: ya no cuajan en el ánimo popular las promesas y fantasías, de aquellos que hacen de la demagogia su mejor arma de convencimiento. Lo que hemos visto a la fecha nos da la razón para no caer en la trampa de quienes han afirmado encontrar la fórmula ideal para combatir la pobreza, para insertarnos en el desarrollo nacional, sólo para después ofrecer disculpas. Los y las candidatas deben evitar a toda costa hacer promesas o compromisos que están ciertos (as) jamás van a cumplir. Engañar y sorprender la buena fe de la gente, por ganar simpatías o votos, no tiene nombre. Tampoco tomar la pobreza como instrumento de ventaja política.
