Es indudable que los objetivos de la obra pública se siguen persiguiendo, aunque con la molestia e irritación de los constructores locales, quienes insisten en que las obras de mayor alcancen no se repartan entre empresarios de otras partes del país. Desde hace varios sexenios sostienen que el 90 por ciento de contratos se asigna a empresas locales, pero en contraste, los dineros destinados a las mismas equivalen al 10 por ciento del total presupuestado.
Ante la serie de señalamientos la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental debe realizar de manera cotidiana auditorías a los recursos presupuestales provenientes por los servicios de supervisión de obras, cuyas observaciones se encuentran en proceso de solventación. En especial para evitar que se repitan historias del pasado donde se exhibieron grandes vicios que terminaron en grandes fortunas de quienes fueron funcionarios.
Los oaxaqueños desean que los trabajos iniciados no se queden a medias, pues si en el pasado inmediato se detectaron pagos a obras jamás emprendidas, sin que hasta el momento alguien haya respondido por ello, la ciudadanía mantiene una permanente vigilancia para que no haya impunidad ni corrupción en la obra pública. Es necesaria la claridad en la asignación de obra pública, transparencia sobre las formas de contratación que ha llevado la dependencia, así como la justificación en aquellos casos en que no se ha hecho por licitación, los montos y las empresas a las que se les adjudicaron.
La transparencia y la rendición de cuentas son un primer paso elemental, para reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre inversión pública en infraestructura. La Constitución en su artículo 134, establece que las contrataciones de todo el Estado Federal Mexicano deben realizarse en un marco de competencia y transparencia.
El desarrollo de obras públicas representa una importante fuente de crecimiento económico, empleos y bienestar para los mexicanos. Sin embargo, la prevalencia de corrupción en los sectores de la construcción y contratación pública reducen los beneficios potenciales y resultan, en muchos casos, en obras redundantes e innecesarias; obras caras y de mala calidad.
Frenar la violencia
Hoy no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en México. Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad esta emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo.
Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas y al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad.
Diversas voces se han alzado para demandar al Gobierno Federal su respaldo para garantizar la paz y seguridad que se requiere para la participación ciudadana, sino que este clima se generalice a diario, porque la vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada.
Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo.
La irrupción de delincuentes en plazas comerciales y en nuestras calles, hasta donde han llegado para crear un clima de violencia, no puede ni debe quedar en la impunidad, es necesario erradicar de tajo la impunidad con que muchos dirigentes de organizaciones actúan, sin temor a ser aprehendidos para rendir cuentas ante la justicia por la serie de ilícitos cometidos.
Esta situación que cada día irrita más a los oaxaqueños se debe combatir con la aplicación estricta de la ley, pues debido a su impuntual ejercicio aumenta el descontento entre la población que demanda el respeto de sus garantías.
Los oaxaqueños coinciden que uno de los mayores pendientes es la reactivación de la economía, pues las pérdidas económicas entre los prestadores de bienes y servicios siguen siendo muy severa.
En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues al margen de los atracos cotidianos es necesario desalentar la presencia de líderes de organizaciones sociales que han encontrado en la impunidad la mejor manera de cruzar la línea de la demanda social a la delincuencia.
