El cierre de 2025 obliga a un balance honesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales, incluido el de Oaxaca. Más allá de los discursos oficiales y los informes optimistas, la realidad cotidiana de millones de personas plantea una pregunta incómoda: ¿se cumplieron las promesas de bienestar o simplemente aprendimos a resistir con menos?
Desde el poder se insiste en que México avanza y que Oaxaca progresa. Sin embargo, al recorrer colonias periféricas de la capital, comunidades rurales e indígenas, o al escuchar a trabajadores, jóvenes y mujeres, el panorama es distinto. La pobreza no desapareció; se volvió costumbre. La desigualdad no se corrigió, se administró. Y la transformación prometida quedó atrapada en el lenguaje político, lejos de la experiencia diaria de la mayoría.
Los programas sociales, aunque necesarios para aliviar carencias inmediatas, se convirtieron en el eje exclusivo de la política pública. Se repartieron apoyos, pero no se construyeron soluciones estructurales. No se generaron empleos suficientes ni bien remunerados, no se fortaleció el sistema de salud y la educación pública siguió arrastrando rezagos históricos. El resultado es una población que sobrevive con transferencias, pero sin condiciones reales para salir de la precariedad ni para planear un futuro estable.
En Oaxaca, el discurso del crecimiento económico se sostiene en cifras de turismo, obras emblemáticas y megaproyectos. No obstante, ese crecimiento no se tradujo en desarrollo social. Los beneficios se concentran en pocos sectores, mientras la mayoría enfrenta informalidad, salarios bajos y migración forzada. El progreso no llegó parejo y, en muchos casos, ni siquiera llegó a quienes más lo necesitan.
A ello se suma la crisis de los servicios públicos. Hospitales sin insumos, escuelas deterioradas y una creciente escasez de agua evidencian la falta de planeación y de inversión sostenida. Estos problemas no son inevitables: son resultado de decisiones políticas que priorizaron la imagen sobre la gestión y el corto plazo sobre el bienestar colectivo.
Otro saldo preocupante al cierre de 2025 es el debilitamiento del federalismo. Las decisiones clave continúan tomándose desde el centro del país, mientras los gobiernos locales operan más como ejecutores políticos que como representantes de las necesidades regionales. Esto ha limitado la capacidad de respuesta ante problemas urgentes.
La seguridad y la justicia tampoco ofrecen motivos para el optimismo. La violencia se ha normalizado y la impunidad sigue siendo regla. En Oaxaca, los conflictos comunitarios y la presencia del crimen conviven con un discurso oficial que minimiza la gravedad de los hechos. Cuando la ley no se aplica de manera equitativa, el mensaje es claro: no todos importan por igual.
Quizá el fracaso más grave de este periodo sea la desconexión entre el poder y la ciudadanía crítica. La descalificación de periodistas, académicos y organizaciones civiles ha empobrecido el debate público y debilitado la democracia. Gobernar no es dividir ni imponer narrativas, sino escuchar, corregir y rendir cuentas.
Este balance no busca promover el desaliento, sino la responsabilidad colectiva. México y Oaxaca necesitan gobiernos capaces de reconocer errores y ciudadanos dispuestos a exigir resultados.
Oaxaca de Juárez no puede seguir siendo solo el escenario de discursos, eventos oficiales y cifras maquilladas. Es la ciudad donde el agua falta en los barrios mientras se inauguran obras, donde los hospitales públicos se saturan mientras se presume bienestar, y donde miles de jóvenes miran hacia la migración porque aquí no encuentran futuro. La capital del estado concentra el poder político, pero también concentra las contradicciones más visibles de un modelo que no cumplió lo que prometió.
Al cerrar 2025, la pregunta no es si el gobierno federal o el estatal “hizo lo que pudo”, sino si hizo lo que debía. Y la respuesta se refleja en las calles del Centro Histórico, en las colonias de la periferia y en las agencias municipales olvidadas: el bienestar no llegó a tiempo ni a todos. Oaxaca de Juárez merece gobiernos que gobiernen para su gente, no para su narrativa. La ciudadanía, por su parte, tiene el reto de no conformarse con resistir un año más, sino de exigir, con memoria y organización, un futuro distinto. Porque el silencio también gobierna, y seguir callando es aceptar que nada cambie.
@aguilargvictorm
