El viernes de la semana anterior, algunos noticieros nocturnos de la capital de la República se dieron vuelo para exhibir, en toda su crudeza, imágenes del atraco de un grupo menor de los llamados normalistas a un camión repartidor de refrescos, pero, también, de la acción valiente del conductor del vehículo quien con palabras fuertes les dice en su cara: “¡ya estuvo bien!, ¡esto es un robo, rateros”. Y manos a la obra, el caballero que los enfrentó bajó la tapa del vehículo en donde los vándalos se despachan de los refrescos. Un sujeto joven, identificado como Jorge Armando Aibar Peña, estudiante de la licenciatura en Educación Física, aprovechó el momento de confusión y retirada para rociar con gas lacrimógeno a un colega periodista que le cuestionó sobre estas acciones, a todas luces delitos del fuero común. Es importante subrayar que, los presuntos normalistas, como ya es usual, iban encapuchados y, posteriormente, atracaron un vehículo de panecillos.
Los medios nacionales que cubrieron esta información se preguntaban: ¿Y en dónde exactamente estaba la policía, para evitar este tipo de acciones que, como ya se ha dicho, están fuera de la ley? La respuesta es de todos sabida. Jamás, repetimos, jamás durante los años que lleva al frente del gobierno estatal, el gobernador Alejandro Murat, el Estado ha manifestado ser quien representa los intereses de los gobernados y, por tanto, el responsable de salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad de la ciudadanía. Es decir, no se conoce una sola acción que se diga que el gobierno, como legítimo representante del Estado, hizo uso de la fuerza para disuadir o evitar acciones como la que hemos apuntado arriba. La impunidad de normalistas, maestros, comuneros, organizaciones sociales o grupos, es insultante.
Desde hace más de un mes, este grupo de normalistas, que sirven a intereses políticos de organizaciones magisteriales y prestos como mercenarios a crear condiciones de ingobernabilidad, montaron un plantón en el Centro Histórico. Ahí están las casas de campaña que utilizan para dormir, cohabitar con sus compañeras o, simplemente como cantina. El pasado sábado, en redes sociales se difundió la fotografía de uno de los presuntos normalistas, tambaleando, completamente ebrio, recargado en una pared, justo frente a donde tienen su campamento. Dos acciones negativas en menos de 24 horas, hacen pensar que los jóvenes “revolucionarios”, son unos delincuentes potenciales.
Negocio ilegal de líderes
Al terminar en una reciente participación del Secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López, ante el Congreso del Estado, fue abordado por los representantes de los medios de comunicación, ante quienes reconoció lo oneroso que es para el gobierno estatal atender las exigencias económicas de cerca de 400 organizaciones sociales que prácticamente perviven de la limosna gubernamental. Y en efecto, debe ser un gasto enorme, canalizar millones y millones para engordar a una cofradía de vividores que, a través del chantaje, la amenaza y la extorsión han logrado ubicarse como un sector privilegiado entre la sociedad. Desde los años 70 del siglo pasado, un ejemplo de esta “lucha” fue la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (Cocei). Sólo hay que ver cómo viven sus dirigentes para darse cuenta de que la farsa de lucha por los pobres les funcionó bien.
En un entorno similar, la semana anterior, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reveló una de las aristas del comercio en la vía pública en la capital oaxaqueña: el flujo de dinero para los cabecillas y quienes lo controlan. Afirmó que según se ha investigado, el costo de los precios para tener un espacio en la vía pública va de los 70 a los 450 mil pesos. Esas cantidades van directo al bolsillo de los líderes que controlan este lucrativo negocio. He ahí la resistencia para dejar las calles, acudir a los módulos de registro o darse de alta en el censo, previo trámite del permiso correspondiente. A todo ello hay que agregar la cantidad de puestos que controlan y el cobro cotidiano por el derecho de piso, que es una sangría adicional para los comerciantes, muchos de ellos, económicamente desfavorecidos.
Otro de los boyantes negocios de sujetos sin escrúpulos son los bloqueos carreteros. Ya es común que en el Istmo de Tehuantepec aparezcan día con día hasta cinco o seis bloqueos, sin causa justificada o con demandas expresas hacia las autoridades. El negocio ilícito se da en el cobro para dar paso a autobuses, tracto-camiones o automóviles, cuyos operadores deben pagar una generosa cuota cual si fuera peaje de autopista. Por más de una semana, el tramo de la Carretera 190, entre Tlacolula de Matamoros y la capital, se vio obstaculizado por una veintena de personas, que exigían recursos para reparar una escuela. El fondo de todo, se supo después, era exigir dinero a las autoridades municipales y estatales. En tanto se siga permitiendo este tipo de negocios ilegales, Oaxaca jamás podrá avanzar.
