La semana anterior, con bombo y platillo se festinó en el gobierno de Salomón Jara, la instalación de una mesa de diálogo para la pacificación de la región triqui, considerado un tema preocupante para la gobernabilidad. Es importante subrayar que la instalación de las llamadas mesas de diálogo han sido una constante en al menos los tres últimos sexenios en Oaxaca. Con ello se pretende paliar la situación de violencia, encono o conflicto, ya sea por demandas sociales, problemas agrarios o hechos criminales que laceran a determinada comunidad o grupo étnico. Hay que subrayar que algunas situaciones se dan, justamente, por la presencia de dirigentes, partidos políticos o funcionarios, quienes en su afán de lograr beneficios pecuniarios o políticos exacerban las diferencias y alientan un clima de agresión permanente. El caso de los triquis en un tema que no se aparta de este esquema.
Justamente en el último año del ex gobernador Alejandro Murat, en al menos tres ocasiones fracasaron las famosas mesas de diálogo, impulsadas por el mismo gobierno de la República, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Es más, hasta el mismo propósito del presidente de la República de venir y ser testigo de una firma de acuerdo de paz, no ha tenido éxito. En las referidas y fracasadas mesas se dejó entrever una realidad: son los propios dirigentes de las tres o cuatro organizaciones que se disputan la supremacía triqui, a quienes no les importa la paz, sino que pretenden seguir perviviendo de la violencia y la muerte. Lo han convertido en un boyante negocio. Cuando advierten por dónde va el diálogo por la paz, de una u otra organización se dan emboscadas, ejecuciones, vendettas. Los muertos se cuentan por decenas en los últimos años, pero nadie ha sido detenido para que responda ante la ley.
Por ello, mucho hemos insistido en que los trillados llamados al diálogo entre los triquis deben ponerse bajo el rasero de la vigencia de la ley. Abatir la impunidad y castigar a los agresores que, a menudo se escudan en sus dirigentes y organizaciones. Esta situación debe tenerse muy en cuenta entre el equipo del gobernador Jara Cruz. No se puede encontrar la paz duradera, en tanto la ley sea sólo una caricatura. Quien cometa un crimen debe ser detenido, vinculado a proceso y sentenciado. Cuando esto se lleve a cabo con los sicarios que cada grupo tiene a su servicio, seguramente habrá un respiro para encontrar los caminos de esa paz, que hasta hoy ha sido sólo una ilusión.
Sindicatos, factor de impunidad
El sábado 17 de diciembre, se dio un hecho preocupante. Por un accidente de tránsito, en el que resultó lesionado un elemento de Vialidad, un dirigente de la llamada Confederación Joven de transportistas desató una balacera en cercanías del Mercado de Abasto. El mismo día, pero a la medianoche, Abisaí Vásquez, dirigente del transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue asesinado por desconocidos en San Pedro Pochutla. Los crímenes y conatos de violencia entre los diversos sindicatos y confederaciones, calificados como “mafiosos” por el mismo presidente López Obrador, son en Oaxaca algo común. Esto es: el clima de impunidad ha sido insultante. Hoy se les detiene por tal o cual delito, para ser liberados mañana. No existe una mano firme que les conmine a caminar en la ruta de la legalidad. Cada organización tiene su propio equipo de sicarios a su servicio.
Hace unos días trascendió que el ejecutivo estatal había sostenido un encuentro con dirigentes de las diversas confederaciones y sindicatos. No se sabe cuál fue el objetivo. Algunos especulamos que les habría conminado a seguir los caminos de la ley. Es importante subrayar que algunos de ellos están ligados con el gobierno de la llamada 4T, como es el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), una organización violenta que irrumpió no hace mucho tiempo en Oaxaca, pero lo hizo pateando y golpeando a placer. Varios de sus miembros han sido señalados de caminar al filo de la ley y estar metidos en negocios ilícitos, pero nadie los toca. Parecieran blindados con una coraza de impunidad. Desde luego que no es el único. La llamada Confederación Joven, dirigida por verdaderos delincuentes, no se queda atrás. Sus casos de violencia ya son algo común.
Oaxaca, definitivamente, no debe ser un espacio de excepción para ciertos grupos. Siempre hemos insistido en que el gobierno no debe permitir más impunidad y llamar a cuentas a dirigentes y agremiados. Nada, absolutamente nada justifica que nuestras calles o poblaciones sean espacios de enfrentamientos y ajustes de cuentas. Deben ser conminados a regirse por la ley vigente y no caer en que impongan su ley, la de la violencia y la muerte. Por tanto, todo lo que haga la actual administración para meterlos al orden y a la legalidad, será aplaudido por los diversos sectores sociales. El gobierno, como representante legítimo del Estado, debe hacer valer su fuerza.
