A pesar de que el llamado “Libramiento Norte” se concibió con la pretensión de que el transporte de carga transitara por esa zona de Oaxaca de Juárez y desahogar la circulación vehicular en el centro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de aligerar el tránsito de la Carretera Panamericana al desviar el paso de vehículos provenientes de la Ciudad de México y estados vecinos hacia la carretera del Istmo y viceversa, fue cancelado y hoy está convertido en un monumento a la serie de proyectos fracasados.
Desde que comenzó la obra hubo protestas de la ciudadanía y de las autoridades ambientales locales por el evidente daño a los recursos naturales y al medio en general en zonas tan frágiles como San Felipe del Agua, clave para la recarga de acuíferos y la regulación climática de la región. Y si bien se afirmó que sería una línea limítrofe para evitar nuevos asentamientos humanos, poco a poco se ha poblado violando esa disposición y desbordando la mancha urbana.
Al margen del incumplimiento de las promesas hechas a las comunidades afectadas a cambio de permitir el paso de la nueva vía por sus tierras, la especulación con los terrenos por donde se trazó el libramiento debido a la falta de un plan regulador del desarrollo urbano se disparó.
Tal situación ha sido aprovechada por especuladores que durante los últimos años se han dedicado a comerciar terrenos en la parte norte de la capital, de la agencia de Trinidad de Viguera a Tlalixtac de Cabrera, y que alcanzó a la agencia de San Luis Beltrán, la parte alta del Ejido Guadalupe Victoria y San Felipe del Agua. Han ignorado olímpicamente el decreto de reserva ecológica emitido el 3 de noviembre de 1992, pues viviendas, ranchos y mansiones se continúan construyendo.
Ante ello, diversas voces se han alzado para evitar un mayor deterioro ambiental, y denuncian que no existieron los estudios ambientales requeridos que ocasionó los daños a los recursos naturales, la especulación con los terrenos aledaños al trazo carretero.
Urge gobernabilidad
Si bien cada una de las peticiones de las organizaciones sociales son diversas y deben ser encauzadas, persisten expresiones que deben tener una mayor atención. De ahí el reto de mantener diálogo directo con cada una de ellas, atendiéndolas con un apego irrestricto a la legalidad, a una ideología liberal y a una profunda convicción democrática para no ceder a presiones ni a chantajes.
Nuestro estado es un mosaico de problemas y conflictos que todos los días merecen especial atención, desde los conflictos agrarios, pasando por los problemas internos municipales y hasta los de carácter religioso, los cuales deben ser atendidos mediante una política de diálogo constante y apegados a la legalidad.
Se debe insistir que nadie tiene derecho a lucrar política ni económicamente con los anhelos y la esperanza de las familias oaxaqueñas. Oaxaca merece un mejor futuro y para ello se necesita que haya el firme compromiso de trabajar por mejores condiciones de desarrollo. Si bien, el reto no es sencillo, pues todo será en la medida de las posibilidades económicas y financieras de la administración, se deberá apelar al diálogo y la conciliación con cada una de las partes involucradas para mantener canales de interlocución.
En la medida en que todos los actores trabajen para crear acuerdos, diálogos y establezcan una cultura donde la conciliación, el orden y la paz, se logrará alcanzar los tres parámetros esenciales para el desarrollo del estado. Articular una política integral que permita que los esfuerzos realizados para atender a cada uno de los grupos sociales, ahora converjan para su solución pacífica y se continúen, así como se fortalezcan acciones que permitan conseguir las metas trazadas en materia de gobernabilidad.
No es nuevo decir que en nuestro estado hay grupos que a pesar de mantener mesas de diálogo se han expresado de manera violenta, a quienes si bien se les debe atender no se les debe permitir alterar el orden y la estabilidad política y social de Oaxaca.
