La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado vive sus últimos días. Concluyó sus períodos ordinarios de sesiones. Calificada como la peor de la historia política de Oaxaca, sus miembros –con sus respetables excepciones- asumieron con singular cinismo este penoso calificativo. Más bien, se han regodeado en el mismo. El Consejo Mexicano de la Competitividad la calificó como una de las más onerosas e improductivas del país. Nosotros le acuñamos otro término nada loable: rapaz, luego de las prácticas penosas con el signo de pesos en que muchos se vieron involucrados. Los que se van y los que se quedan, pues muchos fueron reelectos, llevan consigo el estigma del doble discurso, la doble moral y la de depredadores del erario oaxaqueño.
A lo largo de su lamentable desempeño de tres años, costaron al mismo más de 2 mil millones de pesos. Es un agravio a una entidad con más de un millón de ciudadanos en la pobreza, con graves rezagos y marginación. ¿Hay algo que discutieron y aprobaron: decreto, iniciativa, exhorto o punto de acuerdo, que haya contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? La respuesta es no. Lo único que el ciudadano de a pie pudo observar fue una guerra de baja intensidad por el manejo del presupuesto, en la bancada de Morena; por la asignación de obras públicas, que los representantes populares han tomado como si fueran propias y un serio conflicto de intereses para llenar las alforjas. No fue fortuito tampoco el manejo del presupuesto de municipios a través de despachos de socios o cómplices; de imposición de administradores municipales, de constructoras o funcionarios, a los que mañana o pasado les cobrarán el favor.
Quien llegó con los ojos cerrados en el quehacer parlamentario -es decir, la mayoría- con certeza sigue igual, pero más avezado en los negocios que se hacen desde la curul. El nepotismo tuvo su mejor expresión. Familias completas sorbiendo de la ubre legislativa, sin recato alguno. De aquella Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prohíbe a un funcionario o legislador tener parientes cercanos en cargos de dirección bajo el mando de los primeros, fue letra muerta. No es cosa menor para el pueblo oaxaqueño mantener un Congreso local con 42 diputados, de los cuales 25 son de mayoría relativa y 17 de representación proporcional. De tolerar, además, su insaciable ambición pecuniaria. Pueblo pobre con diputación obesa, improductiva, onerosa y voraz.
Nuestro martirologio particular
En México hay fechas emblemáticas, que se conmemoran con marchas, consignas y demás, en homenaje a víctimas de violencia, represión oficial o acciones en donde el Estado es calificado como responsable. Un ejemplo es el 2 de octubre, que rememora el asesinato de cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968. Sin embargo, en Oaxaca, eje de la movilización perpetua, el martirologio nos ha acuñado otras más, que sirven como desfogue de pasiones, vandalismo y chantaje. Así, ha devenido festín de golpes, catorrazos, pintas, agresiones y hasta acciones fuera de la ley, el 14 de junio. Se conmemora el fallido desalojo de maestros y demás que se encontraban en el zócalo en 2006. Otra más. El repliegue de militantes de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca -APPO- por parte de las Fuerzas Federales, el 2 de noviembre de dicho año, que fue calificada con eufemismo como “La Batalla de Todos Santos”.
No podía faltar, obviamente, la llamada represión de Nochixtlán, del 19 de junio de 2016, en donde hubo 8 fallecidos, elevados hoy a la categoría de mártires. Y cada grupo u organización social, de las cerca de 400 que existen en el estado, perviviendo de la dádiva gubernamental, van creando sus propios héroes. De esta suerte, el Frente Popular Revolucionario -el FPR-, CODEP, MULT, API, MULTI, CODECI, MAIZ, etc., utilizan los propios para recordarle al gobierno que tienen víctimas, por las que exigen justicia. Lo peor, es que éstas se convierten en banderas perpetuas de chantaje y extorsión. CODECI, por ejemplo, sigue usando la bandera de Catarino Torres Pereda, muerto hace una década.
Cada aniversario luctuoso de algún miembro que falleció por homicidio u otras causas, como es el caso de un dirigente regional del FPR, asesinado en agosto de 2020, es motivo de marchas o bloqueo a calles, avenidas u oficinas públicas, para presionar al gobierno a cumplir con demandas que nada tienen que ver con los mártires de su movimiento. Se trata de personas de carne y hueso, comunes y, no por ello, factores de escarnio público sino de respeto, pero de los cuales ningún ciudadano tiene que pagar los platos rotos. Se trata de un abierto atentado en contra de los derechos humanos del ciudadano común, pues en lugar de exigir la acción de las autoridades de justicia, se vuelcan a cobrar facturas sobre la ciudadanía inerme, en una acción cobarde y dolosa. En el fondo de todo subyace, la perversa tendencia hacia la victimización.
