Enajenados con el ofrecimiento del entonces candidato de la coalición “juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer la reforma educativa, la dirigencia del Cártel 22, se fue de bruces. El martes 3 de julio, justo cuando ya se festinaba el triunfo de AMLO de manera avasalladora en el país, con más de 30 millones de votos, saltó a la palestra Eloy López Hernández, secretario general del cártel, para exigir –obviamente a destiempo, dado que el presidente electo no ha entrado en funciones- cumplir con la promesa hecha. La respuesta vino en dos vertientes, sin duda contradictorias. Por un lado la de quien fuera coordinadora de la campaña de AMLO y futura Subsecretaria de la SEGOB, Tatiana Clouthier, quien dijo que la multicitada reforma “va para atrás”. Poco después tocó el turno a Esteban Moctezuma Barragán, virtual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien insistió en que “el programa de evaluación educativa de mantendrá durante el gobierno de López Obrador”. El mismo tabasqueño admitió que el tema será objeto de una consulta popular.
Nos preguntamos: ¿por fin, habrá de desaparecer la multicitada reforma o será una de las promesas fallidas como algunas que están empezando a mostrar el verdadero rostro de AMLO? Por lo pronto, el Cártel 22, que recién concluyó el ciclo escolar 2017/2018, luego de casi un mes de paro, está inquieto. Hay claroscuros que no acaba de discernir. De irse a una consulta es probable que la reforma educativa como tal no desaparezca, sino que tenga adecuaciones, que es diferente. En un contexto diferent6e, no hay que olvidar la soterrada oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y su adlátere, la sección 22, a la evaluación magisterial, que es el eje de la aludida reforma. Es a ésta a la que le tienen tirria, porque asumen que de no aprobar los exámenes podrían perder su plaza. ¿Qué sentido tendría entonces abrogar la reforma educativa, dejando tal cual la evaluación docente? obvio, no tendría ningún sentido. Sería pues una promesa incumplida de lo que están dándose cuenta los dirigentes, demasiado tarde. Pese a todo ello, hay que escuchar las arengas y apologías de las bases magisteriales respecto al triunfo de López Obrador. Hacen de cuenta que seguirán con más privilegios que hasta hoy y a lo mejor, hasta hacen ley la protesta callejera y justificar su desarraigo docente.
Crisis institucional
Ante la disputa política y de los recursos en el Consejo de la Judicatura, se ha creado una gran especulación de lo que pasaría si desapareciera y con esta posible realidad, varios organismos se han movilizado, ya sea en contra o a favor de su desaparición. Después de la iniciativa de ley presentada formalmente por la diputada Nallely Hernández García, todo se ha cimbrado. Este Consejo fue creado hace siete años, pero todo indica ser una carga económica para la estructura del poder judicial, puesto que es considerado un elefante blanco para la estructura de gobierno oaxaqueña por “su deficiente y omisiva actuación” con un presupuesto anual superior a los 600 millones de pesos. Sumado a esta propuesta, los mismos trabajadores de base del Poder Judicial han manifestado su rechazo a la judicatura al considerarla un lastre y piden también su desaparición, a final de cuentas el problema que manifiestan los que piden su desaparición y los que solicitan que continúe es el manejo de su oneroso presupuesto. Ya que el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2018 supera los 819 millones de pesos, de los cuales se dividirían en 159 millones 280 mil 980 pesos para el Tribunal Superior de Justicia y el resto que equivale a más del 80% de este presupuesto sería para el Consejo de la Judicatura.
Los mismos trabajadores inconformes del Poder Judicial solicitan que desaparezca porque los actores de este Consejo presuntamente ignoran el panorama real de los juzgados y sus carencias. También solicitan que el presupuesto sea redistribuido si desapareciera la judicatura, para mejora y fortalecimiento del Poder Judicial en el estado. Como ocurre en la mayoría de las dependencias de esta administración la falta de equipo actualizado y material en general para realizar las actividades de oficina y campo, se hace una consigna generalizada por todos los trabajadores del Estado. Además, existe una nula acción de este órgano que preocupa a todas las instancias y actores que les compete y en general a la sociedad, ya que existe un rezago del 60% en impartición de justicia, ya que 6 de cada 10 reos no han recibido sentencia. Ante la inminente desaparición de esta judicatura, que ha demostrado un mediocre desarrollo, los magistrados del Poder Judicial promovieron un amparo contra el acto reclamado a los diputados de la LXIII legislatura, mismo que fue desechado por el juez quinto de distrito.
