Con la jornada electoral del pasado domingo primero de julio sólo concluyó una parte del proceso de elecciones. Apenas viene la otra. Ya es tradición en nuestro país que pese a los resultados demoledores, pocos aceptan sin más la derrota y el triunfo de sus adversarios. Insisten en hacer uso de formas extremas como el conteo de voto por voto, casilla por casilla. Para ello, desde luego, tienen a su servicio los órganos jurisdiccionales como el Tribunal Estatal Electoral (TEEO) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con su Sala Regional en Xalapa, Veracruz o la Sala Superior. En efecto, cada uno de los candidatos que compitió en la contienda que recién pasó está en su derecho de impugnar o apelar a una resolución que tenga satisfecho tanto al que perdió como al que ganó. El órgano electoral local, en este caso el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), da la constancia de mayoría a quien se presume obtuvo la mayoría de votos luego del conteo, actas de cada casilla y distrito. No obstante, el reconocimiento del triunfo, cuando hay impugnaciones y litigios, será hasta que los órganos jurisdiccionales resuelvan.
Sin duda pues, en nuestro país y en el entorno político-electoral estatal, hace falta crear una cultura política. No han sido pocos los casos de que aquellos que no fueron favorecidos por el voto popular, se asumen triunfadores. Lo vimos hace tiempo con el mismo AMLO en 2006, asumiéndose “presidente legítimo” y poniéndose a sí mismo la banda presidencial. Eso se da en todos los niveles. En el ambiente tan descompuesto en que se llevó a cabo la reciente elección, no dudemos que habrá casos como el que mencionamos. Es importante subrayar que el litigio en los órganos jurisdiccionales también creó un ambiente de confusión. Por ejemplo, se resolvieron casos hasta los últimos días, lo que provocó que en la boleta aparecieran los nombres de los anteriores y no de quienes el TEPJF validó como los candidatos apegados a la ley. Es más, por ejemplo, hasta los días 29 y 30 de junio, dicho órgano estaba resolviendo las candidaturas en ciertos municipios, como es el caso de San Jacinto Amilpas. Esta situación, en una elección tan compleja e intrincada, no dejó lugar más que a dudas y vacilaciones. No hay duda pues que empezará el período de inconformidades y no aceptación de los resultados.
Crímenes no paran
No obstante el operativo de seguridad que se instrumentó en el Istmo de Tehuantepec, para dar seguridad a la ciudadanía, particularmente con miras a la jornada electoral del domingo primero de julio, los crímenes y ejecuciones están a la orden del día. Los grupos criminales siguen su carrera de sangre y dolor. Por ejemplo, el viernes 22 de junio, una mujer fue asesinada en una zona densamente poblada de Salina Cruz, la Colonia San Pablo. Por la noche-madrugada de ese día, dos jóvenes entre 20 y 25 años de edad, fueron ejecutados en la Carretera Transístimica, cuando habían salido de un bar en donde habían estado ingiriendo bebidas embriagantes. Los motivos se desconocen. El sábado 23 de junio, fue descubierto el cadáver de un hombre atado de manos, en estado de descomposición, en un camino de terracería que conduce a la población de La Mata. Por lo menos otras dos mujeres han muerto en los últimos días, aumentando el caso de feminicidios. Es importante subrayar que Matías Romero se está convirtiendo lentamente en una de las poblaciones más peligrosas de la región del Istmo, pues, como dijimos apenas, es una zona en donde el robo de gasolina ha sido el negocio de muchos desde hace tiempo.
En otras zonas de la entidad, tampoco paran las ejecuciones y ajustes de cuentas. Es impresionante el sadismo de los criminales. La cosa no termina sólo en la muerte, sino además los cadáveres son desmembrados. Ante esta situación hemos sido recurrentes en hacer llamados a los responsables de la seguridad pública en el estado, pues a la fecha no se sabe de estrategias o programas que busquen inhibir esa cadena criminal. Es un hecho que Oaxaca es desde hace al menos tres años una de las entidades más inseguras del país y algunas de sus principales cabeceras, como Juchitán de Zaragoza, catalogada como la novena ciudad más violenta del país. Pero todo ello parece no tocar las fibras sensibles de los funcionarios, que siguen en su nube rosa, sin que nada les inmute en su inmovilismo y parálisis. Hay un importante sector de la sociedad oaxaqueña que insiste en que en el rubro de seguridad debe haber cambios en la actual administración gubernamental. Las malas experiencias del pasado se siguen repitiendo, exacerbando el peligro para la sociedad. La seguridad es un rubro que no debe estar al margen de las prioridades gubernamentales y más allá de los compromisos políticos.
