Nuestro estado vive un ambiente de constantes conflictos políticos y sociales, desde aquellos surgidos al amparo de los procesos electorales hasta diferencias ancestrales por la posesión de la tierra, que lejos de conciliarse, se han acentuado al paso de los años. La irrupción de organizaciones, ha avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades donde existe esta problemática, además de insistir en obtener beneficios económicos como parte de las demandas planteadas al Gobierno del Estado.
Diversos casos son emblemáticos, entre ellos, los desplazados triquis de la región de Copala que mantienen sus demandas, así como conflictos por la posesión de tierras que se siguen expresando de muy diversas formas y que tal parece han sido aprovechando los quienes insisten en generar un clima de violencia y confrontación.
Invasión de terrenos, falta de definición de límites territoriales y nula certeza jurídica en la tenencia de la tierra, son algunos de los asuntos pendientes que generan inestabilidad social. En pleno siglo XXI, el sector rural se tiñe de rojo por enfrentamientos entre comunidades enteras, las cuales a veces pelean hasta la muerte por un predio para edificar una vivienda, sembrar o conseguir un poco de agua.
Existe preocupación por el incremento de los actos delictivos y violencia que puedan empañar la estabilidad y paz social del estado. Las autoridades de todos los niveles deberán analizar la situación y asumir la estrategia que brinde mayores resultados para bien de la ciudadanía.
La conciliación de intereses en materia agraria es la vía preferente para propiciar mecanismos de solución efectivos a los conflictos por la tenencia de la tierra que se suscitan entre los núcleos agrarios y sus integrantes. Por eso se exhorta a las partes en conflicto a lograr una amigable composición respecto de sus diferendos, les ha permitido solventar añejas controversias y reactivar sus actividades productivas.
Sumar esfuerzos
La inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implementa para disminuirla. La ciudadanía en general exige -con justa razón- acciones públicas eficaces para garantizar la seguridad en nuestro país. La única forma de combatir con eficiencia, claridad y prontitud a la delincuencia es hacer de las competencias de cada área sus posibilidades de ayuda.
El gran reto sigue siendo involucrar a la ciudadanía en estas tareas de combate a la delincuencia, pues sólo con la decidida participación y organización de los ciudadanos en coordinación con las autoridades, se podrán combatir con eficiencia y eficacia los delitos y la inseguridad. Por ello, un primer paso debe ser recuperar los espacios públicos donde se reúnen los delincuentes para fraguar sus ilícitos, garantizar el alumbrado público que ayude a reducir el robo a casas-habitación, negocios, asaltos a personas, robos a vehículos y autopartes.
La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito.
También es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones, pues quienes conocen este serio como delicado problema, advierten que el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como el nuestro.
La atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como lo son el incremento del temor y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público y el incremento de las medidas de seguridad.
