La última elección del titular del Poder Judicial de Oaxaca
Hace cuatro años las circunstancias de la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca eran distintas a las de hoy.
Un año antes del nombramiento de quien presidiría ese órgano durante el periodo 2020-2024, un grupo de magistrados había derrotado jurídicamente al consejero jurídico del, entonces, gobernador priista Alejandro Murat.
Mediante un juicio de amparo echaron abajo la reforma que, por un lado, desaparecía al Consejo de la Judicatura y, por otro, jubilaba a los magistrados y magistradas que tuvieran 75 años de edad.
Una reforma costosa, dado los “moches” que pidieron los diputados y diputadas de “oposición” para dejarla pasar. Se habla de que, solo, el agregado de jubilar y mandar a sus casas a los magistrados y magistradas costó entre 3 a 4 millones de pesos, exigidos por la diputada consentida del expresidente Felipe Calderón.
El análisis que se hizo del gasto que representa la estructura burocrática del Consejo de la Judicatura de Oaxaca que no tiene funciones operativas, concluyó en el planteamiento de su desaparición y sustitución por un órgano austero. El riesgo que se advertía es que dicha reforma buscaba subordinarlo y controlarlo desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Finalmente, la reforma constitucional fue aprobada por el Congreso y publicada en el Periódico Oficial para su cumplimiento, pero su implementación nunca se materializó en lo principal y esa fue la razón por la cual un juez de amparo resolvió suspender su ejecución y dio la razón a los magistrados impugnantes.
Se dice en lo principal, porque fueron nombrados los integrantes del nuevo órgano y levantaron algunas actas desplegando funciones, con las que pretendieron acreditar que al estar ejerciendo sus facultades se trataba de un acto consumado, pero el, entonces, presidente no dio prioridad a la asignación de presupuesto y suministro de dinero para su funcionamiento. Un requisito estratégico que fue el principio de su derrota jurídica y política.
Mientras tanto, los magistrados que se encontraban en el supuesto de la edad jubilatoria se sintieron “traicionados” por quien presidía el Pleno del máximo tribunal de Oaxaca, sabedores que le habían dado su voto, para que fuera presidente, forzadamente, por segunda ocasión.
Este descontento, el de otros y otras magistradas consecuencia del “mal trato” que atribuyeron a la magistrada que llegó a complementar el año de presidencia que no concluyó el que tuvo que separarse del cargo después de que se declarara inconstitucional la reforma que había impulsado, fue capitalizado, políticamente, por los magistrados disidentes encabezados por quien fue removido de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, luego de que el, entonces, gobernador Alejandro Murat iniciará su periodo de seis años.
El desquite en contra del gobernador estaba más que cantada. La magistrada que aseguró que para ser presidenta se necesitaba una poca de gracia y otra cosita, “metáfora” que no era más que el respaldo del gobernador que aseguraba tener, incrédula miró su derrota en la primera sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca realizada en los primeros días de enero de 2020.
Independientemente del contexto que llevó a ello, fue histórico que en dicha sesión los magistrados y magistradas hubieran ejercido su voto.
Era la primera vez que lo hacían. Lo que ni en el gobierno de la llamada “alternancia” (2010-2016) fue posible.
Otra circunstancia, que influyó, fue que la magistrada presidenta de un año, si bien en un inicio fue apoyada por quien encabezaba el grupo disidente, no obtuvo su respaldo para la reelección que pretendía. Se menciona que las diferencias entre ellos fueron tales que de aliados pasaron a confrontados.
Es necesario señalar que la disputa de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a la que se hace referencia, ha obedecido más a la pretensión del control y disposición discrecional de los recursos económicos, que al objetivo de transformar la estructura de impartición de justicia en Oaxaca.
Prueba de ello es que en las últimas administraciones ha sido notorio el enriquecimiento inexplicable e ilícito de personas “intimas” del titular de la presidencia. Un ejemplo es el robo escandaloso de dinero que se hizo de lo que el Poder Judicial de Oaxaca, en su momento, recibió de la federación para implementar el sistema de justicia penal. No hubo responsables ni sanciones.
Nada nuevo, si se toma en serio lo que le gritó un expresidente a otro con motivo del reconocimiento que en ceremonia pública les fue entregado en este 2023: “corrupto, eres un corrupto”.
En cuanto a la última reforma al artículo 103 de la Constitución Política de Oaxaca, que eliminó los tres años de antigüedad en la magistratura como requisito para presidir el Tribunal Superior de Justicia, este requisito fue establecido en la reforma constitucional de abril de 2011 promovida por el, entonces, gobernador Gabino Cué Monteagudo, ya que antes de esta fecha no existía, al igual que el periodo de cuatro años que, ahora, duran en la presidencia.
Fue en enero del año 2012 que dicha reforma se aplicó y el motivo visible fue no dar posibilidad de que uno de los últimos magistrados nombrados por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz llegara a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y, de esta forma, asegurar el periodo de cuatro años al presidente en funciones que había sido nombrado solo por un año, pero que ya contaba con los tres años de antigüedad que la Constitución de Oaxaca exigía. El mismo magistrado que en el año 2020 encabezaría el “combo” de disidentes.
Luego de que, políticamente, Alejandro Murat perdiera el control sobre la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como lo habían venido haciendo sus antecesores, sobrevino la pandemia de Covid-19 y fue hasta el año 2021, ya en alianza con Morena, que concretó la desarticulación de parte del bloque de magistrados disidentes, quienes optaron por pedir su jubilación luego de que en el Congreso les adelantaran que no serían ratificados.
Posteriormente, vinieron los sustitutos y sustitutas que fueron nombrados con el visto bueno de los Murat, con la idea de recuperar la mayoría y dar un “golpe de timón” en el Pleno de dicho órgano. No se concretó y en diciembre de 2022 inicio su administración el primer gobernador del partido Morena en Oaxaca que ganó las elecciones.
En el último mes del año 2023 fueron incorporados cuatro magistradas y un magistrado para cubrir las vacantes que había en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Es así, bajo estas circunstancias, que difieren notablemente del año 2020, los magistrados y magistradas del Poder Judicial de Oaxaca, atendiendo a los principios de paridad y alternancia, elegirán el 3 de enero de 2024 a la magistrada que presidirá dicho órgano por los cuatro años siguientes.
No pasa desapercibido el cambio que la elección del año 2020 propició, dado que antes los magistrados y magistradas no ejercían su voto. La designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca se les imponía desde la oficina del gobernador en turno, sin oportunidad a negarse. Práctica con la que fueron beneficiados, en su momento, los que hoy, aparentemente, exigen una elección demócrata y republicana, pero que, en el fondo, solo buscan seguir enriqueciéndose con el control económico del poder judicial de Oaxaca.
NOTA: Apreciado lector, que con el año 2024 vengan momentos estelares en su vida. Le deseo un Feliz Año Nuevo.
SERVICIOS JURÍDICOS
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
