El sospechosísmo brinca por todos lados, cualquier acción relacionada con gobierno se toma con un velo de misterio distractor y sirve simplemente para descalificar, sin buscar que hay detrás de la medida adoptada.
Lo sucedido en Baja California, con el Congreso determinando que el próximo gobierno sea de cinco años y no de dos como se había aprobado previamente, es toda una historia de acuerdos y desacuerdos, traiciones, conspiraciones y conjuras, que se tejieron desde 2014.
En aquel entonces, el Congreso dominado por panistas decidió modificar las fechas del siguiente gobierno, bajando de seis a cinco años la próxima administración, para hacerlo concurrente con los comicios presidenciales, aunque, finalmente, se determinó que fuese de dos años, para emparejarla con la elección de diputados federales.
Sin embargo, dicha modificación no pasó por la aprobación de los ayuntamientos, lo que no importó para hacerla vigente.
Hasta ahí, nadie protestó, tampoco se acusó al presidente de maniobrar o los dirigentes panistas o priistas, que entonces eran preponderantes, amenazaron con expulsar de su partido a los diputados o fueron catalogados como traidores.
Todo fluía maravillosamente, por lo que algunos intentos por revivir los cinco años o, incluso, los seis de que consta normalmente un gobierno estatal, se estrellaron ante el muro del Tribunal Electoral que consideraba extemporáneos toda petición de regresión.
Jaime Bonilla investido ya como candidato a gobernador por parte de Morena, presentó una controversia para ampliar nuevamente de dos a cinco años la administración que asumirá el primero de noviembre ante el Tribunal y fue rechazada, de la misma forma por extemporánea.
Los intentos por revertir dicho ordenamiento fueron muchos y los diputados del PAN y de los demás partidos estaban de acuerdo en hacerlo antes de los comicios, pero se apersonó en Baja California el nuevo dirigente del blanquiazul, Marko Cortés y amenazó a sus legisladores con sanciones si apoyaban esa moción.
El argumento usado fue que los comicios de junio del 19 estaban perdidos, pero en dos años había la esperanza de recuperar el territorio que gobernaron durante 30 años.
De esa forma quedó desarticulado otro intento de reforma, aunque entre los partidos locales quedó sembrada la semilla de la modificación, lo que finalmente consiguieron hace unos días.
Así se procedió a la elección, donde Morena y sus candidatos avasallaron y Jaime Bonilla se convertía en gobernador electo y como ya no había vuelta de hoja ante el tribunal Electoral, ya que el procedimiento quedaba fuera de su jurisdicción, los diputados locales procedieron a hacer la reforma, basando su decisión en la autonomía que tienen los Congresos de los estados.
Aprobada la contrarreforma el mundo se les vino encima a los diputados locales que la aprobaron, destacando la eventualidad de sobornos (como los que había hecho el priismo en Tabasco y Estado de México en el pasado), aunque llama la atención que los ataques se dirijan hacia MORENA cuyos diputados son solamente tres del toatl de 25 que conforman el Congreso estatal.
La trama llega hasta el gobernador Francisco (Kiko) de la Vega, quien se niega a publicar la reforma de sus legisladores, aunque en la anterior soslaya a los ayuntamientos, los que por cierto, ya aprobaron en su mayoría la nueva modificación.
Veremos en qué termina esta nueva novela política, donde ahora se atribuye al Presidente López Obrador un supuesto deseo de reelección.
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