Desde hace algún tiempo los bienes materiales de los políticos son puestos en evidencia, toda vez que no forman parte de su declaración de bienes, la que por ley deben cubrir para ocupar cargos públicos.
La mayoría de estos personajes buscan justificaciones cuando son reveladas sus fortunas, especialmente propiedades no declaradas, dinero en cuentas bancarias y sociedades en empresas varias.
Unos y otros buscan salir del embrollo y aunque se enredan en sus declaraciones, las niegan la mayor parte de las veces y luego las reconocen, sin que ello les perjudique o les represente sanciones.
El caso más sonado fue el de los 50 millones de dólares que se encontraban en un banco suizo a nombre de Raúl Salinas y que luego el empresario Carlos Peralta reconoció como préstamo suyo.
Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, fue evidenciado con una cuenta millonaria en euros en un banco de Andorra, la que negó en un inicio, solamente para reconocerla después de un ataque de amnesia. Y es que tal vez es tan grande su fortuna que los dólares de Andorra ya ni los recordaba.
Los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, no contabilizaron dentro de sus propiedades sendos condominios en Estados Unidos, aunque lo hicieron después, aduciendo que el valor comercial no era el que se les aplicaba y en el caso del secretario que pertenece a uno de sus hijos.
Otros políticos no declaran las empresas con las que podrían tener conflicto de intereses, al tener algún familiar como socio de ellas, las que se encuentran relacionadas con el cargo público que ostentan.
Varios políticos prefieren usar testaferros en las empresas en las que participan o para la compra de bienes inmuebles y hasta para sus cuentas bancarias, por lo que les es más fácil negar su participación en esos negocios cuando son evidenciados.
El propio Presidente de entonces, Enrique Peña Nieto, negó toda relación con la llamada Casa Blanca, se hicieron bolas cuando fueron mostradas las evidencias de la misma y al final Angélica Rivera salió a dar una explicación.
En ninguno de los casos anteriores como en muchos otros ha habido consecuencias de su olvido y simplemente el asunto se queda en la desmemoria de los ciudadanos y solamente fue un trago amargo para los implicados.
Por eso nadie se explica el porqué de la resistencia de algunos personajes que prefieren dejar insertada la duda sobre algunos de sus bienes, por no aceptar aclarar el tema.
Uno de esos casos es el de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, el que ha sido señalado como poseedor de una fortuna familiar de 800 millones de pesos, compuesta principalmente por decenas de propiedades inmuebles, pertenecientes a la familia, que no se encuentra en su declaración de bienes, por lo que panistas y perredistas levantaron una denuncia en su contra.
El ex gobernador de Puebla se aferra a negar la relación con esos bienes, por lo que será la secretaría de la Función Pública la encargada de aclarar el entuerto.
Por cierto que fue dicha secretaría, bajo otro régimen la encargad de exculpar al Presidente Peña Nieto de cualquier vinculación o conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca. ¿Sucederá lo mismo?
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