En editorial reciente, al igual que en otros durante los últimos años, hemos sido insistentes en que la paz jamás llegará a la zona triqui, hasta en tanto se sigan adoptando estrategias manidas de solapar hechos criminales sin que la vigencia de la ley castigue a los responsables. Los dirigentes de los grupos y organizaciones que se disputan la supremacía: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), su escisión el MULTI y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), lo hemos dicho también hasta el cansancio, no quieren la paz. Por ello han fracasado una y otra vez las mesas de diálogo y los acuerdos de paz. Dichos intentos, que han sido el trauma de gobiernos anteriores y se empiezan a convertir en un dolor de cabeza para la administración de Salomón Jara, han devenido una especie de burla a las autoridades.
Una de las primeras acciones de este gobierno, fue visitar la zona caracterizada como violenta y anunciar mesas de diálogo y conciliación. Nadie duda que es una prioridad para Jara Cruz. Es más, se tomó fotos en las comunidades triquis que visitó y las mismas se difundieron profusamente. Pero, como ya hemos comentado, la realidad es muy distinta. Esta etnia trashumante y violenta no puede vivir en paz. El 27 de enero, como ya lo consignamos, fue asesinado un dirigente regional del MULT. Su hijo fue herido de gravedad. El jueves pasado, de nueva cuenta la zona triqui se tiñó de sangre. En una emboscada resultaron muertos: Leodegario Cruz de Jesús, de 32 años; Gabina Martínez de Jesús de 80 años y María Ramírez, además, herido gravemente, Antonio de Jesús Martínez, de 85 años de edad, todos ellos oriundos de Tierra Blanca. Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Concepción Carrizal, Juxtlahuaca, en donde la unidad de motor compacta en la que viajaban las víctimas, fue rociada con armas de alto poder.
He ahí nuestra insistencia de que la paz jamás llegará a la zona triqui, sólo la paz de los sepulcros, en tanto no haya el manotazo en la mesa para emplazar a los dirigentes que amarren a sus sicarios. Los gobiernos federal y estatal deben dejar atrás la idea de que por tratarse de pueblos indígenas y esa política de sobreprotección a sus miembros, justifica que hayan hecho de sus comunidades sitios de excepción. Hay que empezar por una campaña de desarme, pues es sabido que el boyante negocio del tráfico de armas, ha sido pilar de las vendettas y ajustes de cuentas. Tratar a los triquis no como si fueran menores de edad, sino como lo que son quienes han segado vidas: criminales.
Municipio a la deriva
Las autoridades electorales, concretamente el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el órgano jurisdiccional, el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), deben tomar debida nota de las campañas publicitarias grotescas que han emprendido no sólo miembros del gabinete estatal sino, asimismo, concejales del ayuntamiento de la capital oaxaqueña. Se trata de una promoción personal enfermiza, como si estuviéramos en temporada de campañas políticas. Por doquier se observan espectaculares, medallones de taxis o camiones urbanos que no sólo dan un espectáculo deprimente a propios y extraños, sino, además, contribuyen a la contaminación visual de la Ciudad de Oaxaca y de los Valles Centrales. Lo que resulta una afrenta a la ciudadanía es que, los citados (as) regidores (as) y funcionarios (as), se han desentendido por completo de sus responsabilidades persiguiendo un fin incierto de darse a conocer.
No es un secreto que nuestra capital enfrenta un sinfín de problemas. Uno de ellos es el del manejo de los residuos sólidos que lleva más de cuatro meses sin resolverse de manera definitiva ante la falta de un espacio que sirva como relleno sanitario. Otro tema más es la inseguridad, cuyos parámetros negativos se han exacerbado en los últimos tiempos. A ello hay que agregar el rubro de la contaminación que se ha ubicado en las riberas de los ríos Atoyac y Salado, entre otros. No hay que olvidar que el hoyo financiero que arrastra el gobierno local que preside Francisco Martínez Neri, ha obstaculizado la ejecución de obras de impacto social. Tampoco hay que ignorar el lacerante asunto de la vialidad, entre otros. Pese a este panorama, los señores (as) concejales, ya andan soñando con treparse en las próximas candidaturas.
Ante esta situación, hoy más que nunca se observa la fragilidad de las leyes y reglamentos municipales, dado que, de tener vigencia y fortaleza, serían el instrumento idóneo para obligar a los y las concejales a cumplir con el mandato que asumieron cuando se comprometieron a desempeñar el cargo. Más allá de ello, los órganos electorales citados deben documentar actos anticipados para acreditar violaciones en la materia. En este sentido, la ciudadanía debe estar atenta a que no es ético ni, mucho menos, institucional que se les pague de nuestros impuestos a verdaderos parásitos de la nómina pública que, más que cumplir medianamente con su tarea, lucran con la dieta.
