La semana pasada, el Senado de la República se pronunció por deslindar responsabilidades en torno al accidente del helicóptero Black Hawk del Ejército Mexicano, que se desplomó el pasado 16 de febrero en Santiago Jamiltepec, provocando catorce muertos y al menos diecisiete heridos. En los debates se hicieron señalamientos y acusaciones.
Una de ellas es que el polvo no pudo ser el causante de la tragedia. Se asume que la aeronave es de manufactura moderna y, además, por lo que sabe, el piloto es uno de los más calificados de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). En la LXIII Legislatura del Estado, dicen los conocedores del quehacer legislativo, se han suspendido las sesiones para evitar que algunos partidos como PRD o MORENA cuestionen el tema del citado accidente. Es importante subrayar que el tema ha dado lugar a una serie de especulaciones. Algunos de los que señalan o acusan se han ido por los lugares comunes: hacerlo sin pruebas y elementos de juicio, habida cuenta de que no tienen como respaldo el informe o las pesquisas de expertos en aeronáutica o eruditos en la materia. He ahí el por qué en este espacio editorial hemos insistido en que quien debe realizar una investigación a fondo es la Procuraduría General de la República (PGR), dado que es un tema que está en su ámbito de competencia.
No sería una mala idea que el propio gobierno del estado realizara su propia investigación. Sólo conociendo los pormenores se podrá dilucidar la verdad y fincar responsabilidades. Si se trató de un excesivo protagonismo, celeridad, imprudencia u otros. Pero hay que dejar atrás las especulaciones o los lugares comunes, para tratar de perjudicar tanto al gobernador Alejandro Murat o a las Fuerzas Armadas del país. Se entiende que en los tiempos electorales todo mundo quiere llevar agua a su molino. Que buscar culpables de una tragedia como la de Jamiltepec, pueda servir para determinado partido político o coalición. Es decir, politizar el dolor de decenas de familias que perdieron a los suyos en dicho incidente mortal, cuestión que resulta una verdadera infamia. He ahí el por qué las autoridades federales deben agilizar las investigaciones del caso a fin de darle una satisfacción no sólo a los habitantes de Jamiltepec sino al pueblo oaxaqueño y mexicano en general. El dolor de nuestros hermanos de la Costa también nos ha lacerado a nosotros.
Abulia oficial
Desde hace más de un mes, los semáforos ubicados en Avenida Universidad, exactamente frente a conocido colegio particular, están averiados, sin que desde hace tanto tiempo las áreas dependientes del municipio de Oaxaca de Juárez, hayan reparado el desperfecto. No es la primera vez que ello ocurre, pues basta darse una vuelta por los diversos rumbos de la capital para percibir que, independientemente de la apretada agenda oficial de las autoridades, hay cuestiones simples que pueden pasar desapercibidas, pero no para la ciudadanía, pasajeros y automovilistas, que a diario arriesgan su vida para transitar por dichos espacios urbanos. De la misma manera vale destacar baches, zanjas y averías en la carpeta asfáltica, que pasa el tiempo y se vuelve parte del paisaje urbano. Y ahí destaca también la abulia ciudadana. Sólo para ejemplificar. Frente al mercado “Hidalgo”, que se ubica en la populosa Colonia Reforma, por el lado de la calle de Palmeras, existe una zanja, en la que presuntamente metieron tubería para drenaje o alcantarillado, hace algún tiempo. Pues bien, han pasado al menos dos años y las trampas para los automovilistas ahí siguen. En la calle de Dalias, de la misma colonia, vecinos o autoridades hicieron lo mismo. Jamás el pavimento fue reparado. Y los problemas ahí siguen.
No hay duda que ante eventuales reparaciones que benefician a determinados vecinos, éstos deben hacerse responsables de los daños a calles y banquetas. Pero no. Es extraño que los inspectores que a diario circulan por todos lados para detectar la realización de obras u otros, no se percaten de ello o simplemente finjan demencia. O, en el peor de los casos, sólo ven lo que les conviene. La ciudad está llena de baches, zanjas y trampas urbanas. Es incuestionable la labor que ha llevado a cabo el ayuntamiento de la capital en lo que se refiere a mejorar las vialidades. Por ello sorprende que los desperfectos de que hablamos no hayan sido detectados y, en consecuencia, reparados en tiempo y forma. Hay semáforos –insistimos- que tardan hasta un mes o más sin que se detecte por parte de las autoridades y se proceda a la reparación. Hay versiones de que delincuentes que pululan por doquier se roban las tarjetas de control de dichos instrumentos. La cuestión es que tampoco las autoridades se percatan de ello y las consecuencias están a la vista. Una revisión por parte de empleados del municipio citadino, podría ayudar a detectar y, en consecuencia reparar los desperfectos a que hacemos referencia.
