La semana pasada, un juez de Distrito con sede en Salina Cruz y luego un Tribunal Colegiado, otorgaron un amparo a un grupo de comuneros de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, con el que se suspende de manera definitiva la construcción del parque eólico “Gunaa Sicarú”, de la empresa Electricité de France (EDF). Se trata de un duro revés propinado a los inversionistas que, durante años, están trayendo capitales para aprovechar la energía eólica de dicha región, generar empleos, pagar a los comuneros por la renta de los predios, etc. Sin embargo, quienes no han sido beneficiados buscan por doquier el abrigo de organizaciones sociales como es el caso de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que manipulan activistas como Bettina Cruz Velásquez y su marido, Rodrigo Flores Peñaloza.
Se trata de una pareja de activistas que, junto con los que se han aglutinado en el membrete conocido como Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, se han dedicado a torpedear –si no es que a chantajear y extorsionar- a gerentes y directivos de las empresas que generan energía eólica, con el argumento de que no han realizado las consultas con las comunidades indígenas, tal como lo dispone un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y algunas reformas en las leyes mexicanas. Según informes de las mismas comunidades, la lucha de dichos membretes no es genuina, dado que sus dirigentes buscan, en primer lugar, el beneficio económico para ellos y lo obtienen, a través de mecanismos ilegales, como es la amenaza y la vulgar extorsión. Nada nuevo en el enjambre de organismos y grupos que perviven de esta falsa lucha, en la región istmeña.
Inversiones millonarias, como la que se preveía haría la EDF u otras, como la “Mareña Renovables”, que hace algunos años tuvo que salir de la zona huave, donde comuneros de San Dionisio del Mar, manipulados por los citados falsos redentores sociales, hicieron cuanto pudieron para echarlos, luego de haber invertido millones de dólares para construir un parque eólico. Ante esta situación, el gobierno de Alejandro Murat, para quien las inversiones han sido una prioridad, deben atender con prontitud este tipo de suspensiones que otorga el Poder Judicial de la Federación a fin de evitar que ello implique una desbandada de empresas y capitales que ya están puestos para la generación de energía eólica o solar, ante las presiones y amenazas de grupos y organizaciones como las que hemos señalado.
Otra vez, una zahúrda
No es la primera vez. Ha sido algo constante. El fin de semana pasado, la ciudad capital; ese orgulloso Patrimonio Cultural de la Humanidad, así calificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lució como un verdadero estercolero; una zahúrda. La basura impidió incluso el tránsito vehicular en la zona de los mercados del Centro Histórico, en virtud de que, como el gobierno de la capital no tiene recursos para pagar el combustible de los camiones recolectores de basura, éstos no pueden operar, igual que los trabajadores de limpieza. ¿Conclusión? La ciudad, pero sobre todo nuestro emblemático Centro Histórico se han convertido en un chiquero. A escasos tres meses de que la actual administración entregue la estafeta, como algo que jamás había sucedido en la historia reciente, ha dejado de cumplir con sus responsabilidades básicas.
Como ya hemos dicho, no es la primera vez que la ciudad se llena de basura y, sin duda, es un argumento torpe que se diga que no hay recursos para pagar el combustible de los camiones recolectores o darles los elementos necesarios a los trabajadores de limpia, habida cuenta de que todos los ciudadanos pagamos los impuestos anuales, que contemplan el rubro de barrido de calle e iluminación. Se trata, desde luego, de artificios institucionales que tratan de escurrir el bulto de las cuestiones que le compete resolver al gobierno local. Es importante subrayar que la ciudadanía de la capital, jamás ha padecido semejante omisión. Lo anterior resulta una aberrante paradoja: por un lado las áreas de turismo estatal y municipal, cacarean a menudo de que la capital oaxaqueña es una de las ciudades más bellas del país, sin embargo, también es de las más sucias e inseguras.
No es fortuito pues, como mencionamos la semana anterior en un segmento editorial, que el Congreso del Estado haya aprobado un punto de acuerdo para que el gobierno capitalino, que preside Oswaldo García Jarquín, proceda a la entrega recepción con el edil electo, Francisco Martínez Neri, a la brevedad posible. Hay tantos pendientes, deuda y otros, producto de una pésima administración, que no se hace justo que quien entra al gobierno local, tenga que pagar los platos rotos. Si bien se trata de algo inédito y extraño desde el punto de vista institucional, lo que hemos visto en los últimos días reflejan el abandono del bono democrático que llevó al triunfo al actual edil.
