El 25 de enero Oaxaca fue llamada a participar en un proceso que, en el discurso oficial, se presentó como un avance democrático: la revocación de mandato. Un día después la impresión general es de malestar y frustración. No por el derecho a votar, sino por la forma en que se distorsionó la consulta: gasto excesivo, propaganda ilegal y presiones que condicionaron la participación.
Mientras hospitales carecen de insumos, escuelas operan en condiciones mínimas y comunidades enteras luchan por servicios básicos, millones de pesos se destinaron a un proceso cuya utilidad real es cuestionable.
El IEEPCO, encargado de la organización, ejecutó un gasto que muchos consideraron desproporcionado para lo que terminó siendo un ejercicio más de legitimación que de control ciudadano. La percepción de la ciudadanía es que esos recursos pudieron haberse utilizado para atender necesidades urgentes, y no para financiar urnas, boletas y logística que reforzaron la narrativa oficial.
El malestar se amplió por la campaña masiva y desigual a favor de la ratificación. Espectaculares, lonas, volantes y mensajes que promovían un solo sentido del voto saturaron el espacio público, pese a que la ley prohíbe el uso de recursos públicos para influir en los resultados. La autoridad insistió en que “no se sabe quién pagó” la propaganda, pero la ciudadanía interpretó la omisión como complicidad.
A esto se sumaron denuncias de presiones directas a vecinos, municipios y trabajadores del gobierno, con mensajes implícitos o explícitos para favorecer la ratificación. Un proceso que debería ser libre y voluntario se convirtió en un acto de simulación política.
Días antes de la consulta, la inconformidad ya se hacía sentir. En plazas públicas, redes sociales y asambleas comunitarias, ciudadanos expresaban su rechazo al gasto excesivo y a la manipulación mediática: “Nos llaman a decidir, pero nos empujan a decidir como ellos quieren”, señalaban algunos; “No nos representan, nos usan”, escribían otros.
Organizaciones civiles alertaban que la revocación no estaba diseñada para ejercer control ciudadano, sino para consolidar poder político. Estas advertencias quedaron en gran medida ignoradas por quienes debían garantizar transparencia e imparcialidad.
La participación del 25 de enero, aunque significativa en algunos municipios, estuvo marcada por desigualdad de condiciones. En comunidades rurales, donde la información llegó tarde o fue incompleta, los votantes enfrentaron limitaciones para entender el alcance y consecuencias de su decisión.
Para muchos, acudir a votar no significaba ejercer un derecho, sino cumplir con un mandato social o político: una obligación disfrazada de democracia. Esa desigualdad evidencia que la revocación, lejos de empoderar, termina siendo un proceso simbólico que legitima al poder.
El ejercicio confirma que convocar a votar no garantiza democracia. Cuando el proceso se mezcla con gasto excesivo, propaganda ilegal y presiones encubiertas, se convierte en una herramienta para consolidar poder, no para evaluarlo. Lo peor es que esta práctica podría normalizarse: que el uso de recursos públicos con fines políticos se acepte como rutina y que la ciudadanía vea su participación más como obligación que como derecho.
La sensación de frustración es profunda: muchos ciudadanos perciben que sus votos, sus opiniones y sus derechos son manipulados para sostener estructuras de poder, no para corregirlas.
Oaxaca necesita mecanismos de rendición de cuentas reales: gobiernos que sean evaluados a diario, sin ventajas ni manipulación, y procesos ciudadanos que reflejen voluntad libre, informada y equitativa, no presión ni propaganda. Cuando un instrumento diseñado para controlar al poder se convierte en simulación, espectáculo y ratificación, no solo se viola la ley: se rompe la confianza pública, y reconstruirla será más difícil que cualquier cargo político.
El 25 de enero no fue un triunfo de la democracia; fue un recordatorio de que la participación sin libertad, información y equidad no es democracia, sino un espectáculo político al servicio del poder. La ciudadanía oaxaqueña hoy está advertida: votar no siempre significa decidir. Y hasta que no existan condiciones claras, transparentes y justas para ejercer sus derechos, cualquier consulta será una simulación que refuerza el poder de quienes gobiernan, y no el de quienes deberían ser realmente escuchados.
@aguilargvictorm
