Los hechos ocurridos la semana pasada dejan claro que Oaxaca sigue como una de las entidades del país con el mayor número de feminicidios. A principios del mes de marzo se habían contabilizado 26 casos. Sin embargo, sólo en la semana anterior se sumaron 6 más. El cuerpo de una mujer fue encontrado con signos de violencia y disparos de arma de fuego; otra más, de al menos 60 años de edad fue asesinada en Salina Cruz. El viernes a la medianoche, vecinos de la población de San Juan Cotzocón, Mixes, reportaron haber escuchado una balacera. En efecto, tres mujeres: madre, hija y nieta –ésta menor de edad-, de oficio comerciantes, fueron acribilladas por desconocidos. La cuestión no paró ahí. El sábado por la tarde se reportó el homicidio de una mujer más en el Barrio de La Soledad, perteneciente a Matías Romero.
Es decir, por más que escuchamos mensajes, discursos, puntos de acuerdo legislativos y una constante denuncia de grupos feministas u organizaciones que dicen defender los derechos de la mujer, los feminicidios siguen al alza. La violencia en contra de las féminas, reprobada por todos en el país, sigue su trayectoria sangrienta sin que poder alguna haya podido contenerla. Es evidente que, ante la incidencia de dicho delito, resultan insuficientes los recursos disponibles para los organismos que procuran justicia y realizar investigaciones exhaustivas para dar a la brevedad posible con los criminales. Sin embargo, a veces pasan años hasta que éstos son detenidos y llevados ante el juez. Muchos casos jamás se resuelven y los asesinos se pasean impunemente frente a las familias.
El crimen abominable de San Juan Cotzocón, se viene a sumar a la cadena criminal en el mes de febrero en Juchitán de Zaragoza, en donde de diez ejecuciones 9 mujeres fueron víctimas, incluyendo una menor de edad. Para medir la saña que prevalece en la mente de los asesinos y sicarios, sólo hay que ver que ni menores de edad se respetan en sus vendettas y ejecuciones. Por fortuna, en el caso de esta ciudad istmeña, han sido detenidos y consignados en el Penal Varonil de Tanivet, Tlacolula, dos presuntos criminales, miembros de la delincuencia organizada que ha sentado sus reales en la zona del Istmo de Tehuantepec. Algo tienen que hacer las autoridades para que los asesinos paguen por la sangre derramada. Eso sólo será posible si existe voluntad política para aplicar la ley con energía.
Impune el despojo
Cuando el gobernador Alejandro Murat anunció cambios, enroques y nuevas designaciones en su administración, muchos pensaron que relevaría a los titulares del Instituto Catastral y del Instituto Registral, ambos en el ojo del huracán y ya caracterizados por ser la cabeza visible del llamado “Cártel del despojo”. Pero no. Y la dupla de funcionarios sigue ahí inamovible, cometiendo, seguramente, otras pillerías, en connivencia con algunos notarios públicos, igualmente estigmatizados por caminar al filo de la ley. El tema del despojo, previo el regateo de la identidad, ha sido una piedra en el zapato para la actual administración, incluyendo a altos funcionarios del gabinete. Pero no ha pasado nada. Todo sigue igual, no obstante, las notas periodísticas, inclusive de medios llamados nacionales.
El miércoles de la semana pasada, en redes sociales se difundió el desalojo de una persona de la tercera edad que habitaba una casa en ruinas, ubicada en la esquina de Colón y Fiallo, en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Durante al menos las dos últimas décadas, dicha propiedad estuvo acordonada por parte de Protección Civil, dado que sus paredes antiguas, hechas de adobe, parecían amenazar con venirse a tierra y, en consecuencia, representan hasta hoy en día un peligro para transeúntes y automovilistas. Como muchos predios y casonas en el primer cuadro de la ciudad, se desconoce el estatus de la propiedad, más aún si quienes se asumen propietarios no cuentan con las escrituras públicas correspondientes. En otros casos se trata de bienes intestados o “mostrencos”, que son rehenes favoritos del citado “Cártel del despojo”. Investigan el estatus, ubican a los presuntos propietarios o herederos y van sobre ellos, a quienes intimidan, amenazan o les hacen llegar a acuerdos vergonzosos, para que rematen o pierdan el poder sobre la citada propiedad.
Es importante subrayar que este ilícito no es nada nuevo en Oaxaca. Hay antecedentes del mismo desde inicios de la década del 2000. Decenas de propiedades pasaron a manos de ex funcionarios, a través de mecanismos fraudulentos. Sujetos que nunca vivieron en la capital o políticos ladrones se hicieron de casas de la noche a la mañana, algunas en el Centro Histórico, con un gran valor inmobiliario, pues hay predios que han sido catalogados en el directorio de bienes históricos. A poco de que concluya esta administración, la banda dedicada al despojo, formada por funcionarios y notarios, validada por los superiores jerárquicos, sigue en absoluta impunidad.
