País en descomposición

Si en un pueblo coahuilense que debe ser nombrado para permanente repudio, Castaños, la población se amotina para atrapar a una indefensa osezna, una osa bebé, torturarla y asfixiarla hasta una crudelísima muerte frente a impávidos agentes policiacos, un animalito que sólo buscaba alimento y que aterrorizada jadeaba ante siniestra mirada y actitud de la turba, estamos ante la presencia de una sociedad descompuesta y con fuerte olor a podrido. Esos son los usos y costumbres: conductas plenas de injusticia y pueblos amordazados por la ilegalidad.

Si una facción política que gobierna al país se aferra a defender la prisión preventiva y presiona de manera descarada al Poder Judicial, está demostrando que lo que ya sentimos y se avizora es que el gobierno está trocando la democracia y las libertades públicas, en un sistema no sólo autoritario a secas, sino un régimen de terror bordeando en la dictadura y la tiranía. Está probado y demostrado que la prisión preventiva (oficiosa o justificada) lleva a las mazmorras carcelarias principalmente a pobres e indefensos y, en el más torcido de los casos, se aplica actualmente como parte de una suerte de terror político. Pero con un desplante inesperado, el encargado de la política interna, con ese acento de incultura, afirma que de llegar a eliminarse de la Constitución la prisión preventiva, se echaría a perder la “estrategia de seguridad” que, como la población sabe y conoce, esa “estrategia” no existe más que en la imaginación del grupo en el poder.

Si esa facción política acomoda su versión como una nueva “verdad”, ahora política, en el caso Ayotzinapa y la Noche de Iguala, en la que los culpables son quienes investigaban y que los asesinos fueron liberados, imponiéndose esta vez el criterio de los activistas de que se trata de un “crimen de Estado”, es que se desconoce lo que esto significa. La ignorancia y la perversidad para torcer la ley están en el orden del día y en la agenda de actividades de algo que se asemeja a un cártel, gang o pandilla del crimen organizado y no a una administración gubernamental que atienda la Ley y las instituciones jurídicas.

Si en otra población de Coahuila, están sepultados diez mineros en un miserable yacimiento carbonífero, inundado, y la responsable de protección civil tiene la insolencia de “informar” que el rescate tardará por lo menos de seis a once meses y a la vez informar que va “requeté bien” el proceso de consultas con entidades de Alemania y Estados Unidos, es incurrir en el mayor cinismo que se acrecienta cuando el presidente de este país da su apoyo irrestricto a la funcionaria y califica de ”politiquerías” la petición de renuncia de la inepta. Mientras, drenan y extraen agua que parece no tener fin, tal vez ninguna agencia gubernamental se ha percatado de que quieren drenar mantos subterráneos de agua, de manera que nunca terminará esa absurda tarea, sin atreverse a reconocer que no es probable, sino seguro, que los mineros deben estar muertos sin que se apoye a las familias. Pero al régimen le es más sencillo achacar a gobiernos anteriores todas las culpas, como se ha vuelto ya una expresión oficial del Ejecutivo.

Si en México se asesinan periodistas a una escala no igualada, sin que las autoridades reconozcan que la represión oficial, oficiosa o extralegal es parte de una política de Estado en la que los “abrazos” privilegian a la delincuencia en detrimento y perjuicio de la ciudadanía y a ello se agregan los homicidios y feminicidios, en los que México ocupa de los primeros lugares en el mundo, estamos en una mezcolanza de anarquía, desgobierno o, pensado mal (y acertar), decisión política que favorece la maldad.

Una conclusión es válida, esta vez con una frase de Tácito, el político romano: Omniumconsensu capax imperii nisi imperasset, dicho en cristiano “Es opinión o consenso general que estaba capacitado para gobernar, si no hubiera gobernado”. Interprétese libremente, dicho está.