De una cosa estamos convencidos los oaxaqueños: la LXIV Legislatura del Estado, que en breve concluye su gestión, fue una de las peores de la historia política de Oaxaca. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la calificó como una de las más onerosas e improductivas. Nosotros le acuñamos, por todo lo que hemos referido en este espacio editorial, la más rapaz de cuantas hayamos tenido. Además, aún en funciones, nuestros flamantes representantes populares han tenido un plus: su ignorancia y oportunismo. También lo hemos visto en el desempeño de sus funciones. Han criticado al gobierno estatal porque no les ha otorgado obra pública para que puedan lucrar con sus constructoras. No les importa su quehacer legislativo de promover iniciativas y aprobar leyes. Se han enfrascado en una lucha sin cuartel por los recursos que ellos mismos se autorizan, faltando a la ética que advierte que estamos en período de austeridad y de economías. Pero no. Nuestra representación popular ha buscado, hasta en formas no convencionales, llenarse la bolsa de recursos públicos.
Uno de los ejemplos más refinados de su ignorancia, que pinta a algunos diputados (as) emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es la escalada en contra del Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP). Por supuesto que el diputado Fredy Delfìn Avendaño desconoce la esencia de lo que en 2001 fue el “Grupo Oaxaca” y su filosofía: la lucha por la transparencia, el acceso a la información, al fin de la opacidad y la secrecía no fue un logro de partidos políticos ni, mucho menos, de los gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de Acción Nacional (PAN), sino de la sociedad civil organizada; del pueblo; de la gente de a pie. Fue, en pocas palabras, una conquista ciudadana que, lamentablemente, los partidos han prostituido. No puede haber transparencia en donde existen intereses creados para no hacerla realidad.
La semana pasada lanzaron la convocatoria para renovar el órgano garante, pasándose por alto que existe una controversia por inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del membrete con el que se quisieron congraciarse con su falso espíritu democrático: el Órgano de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno. No dudemos que, la desesperación por aprobar a los nuevos comisionados y funcionarios, sea el corolario de imponer ahí a sus corifeos y alfiles, para manejar, tras bambalinas, al citado órgano garante.
Damnificados sin FONDEN
Desde la semana pasada, el gobierno estatal, vía Secretaría General de Gobierno y Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), anunciaron haber solicitado ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de desastre para más de cuarenta municipios y comunidades oaxaqueñas afectadas por las intensas lluvias y tormentas de las dos últimas semanas. En efecto, una treintena de ellas fueron severamente afectadas en sus cultivos, su ganado o el patrimonio de centenas de familias, cuyas casas o ranchos fueron anegados por las aguas. En las comunidades de la zona huave, San Francisco, Santa María del Mar y otras, el agua entró a las viviendas, lo mismo que en las del Bajo Mixe, Matías Romero, los Petapa y otros, donde ganado y otros animales tuvieron que salvarse para evitar su ahogamiento.
La tragedia pues, con la salvedad de que no se registraron desgracias personales, se volcó sobre nuestros hermanos, no sólo del Istmo, sino de al menos cuatro o cinco regiones de la entidad. Pese a ello, el oportunismo político volvió a aflorar. Como aves de rapiña algunos legisladores federales ofrecieron el oro y el moro a los damnificados. Es el caso del diputado federal, Daniel Gutiérrez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, en un afán de quedar bien o llevar agua a su molino político, escribió en su cuenta de Twitter que los afectados no estaban solo, que él estaba con ellos y que iba a promover desde la más alta tribuna del país, el apoyo “a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales”. El atolondrado “levanta-dedos”, se olvidó que él, como la mayoría de nuestros representantes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, votaron a favor de la desaparición de dicho Fondo.
Bajo la premisa de que el FONDEN era un barril sin fondo para algunos vivales que, aprovechándose de las desgracias y siniestros hacían mal uso del mismo, el gobierno de López Obrador propuso al Congreso de la Unión su desaparición y nuestros flamantes diputados (as) federales votaron a favor. Y ello ocurrió, hace poco menos de tres años, cuando todavía los istmeños y oaxaqueños no acababámos de reponernos de los sismos de septiembre de 2017. Amén de todas las cuestiones negativas, era una bocanada de aire para comunidades y familias que por sismos o tormentas perdían su patrimonio. Al menos era un fondo para la reconstrucción y volver a la normalidad.
