La declaración del presidente municipal de la capital oaxaqueña, Francisco Martínez Neri, la semana anterior, en el sentido de que su administración está en verdaderos apuros económicos, gracias a las deudas estimadas en más de 200 millones de pesos que le dejó su antecesor, resulta preocupante para un gobierno que recién inicia con un catálogo importante de proyectos en beneficio ciudadano. No se trata de un tema que haya que minimizar sino de hurgar en archivos y memoranda, para encontrar la hebra de dicho desfalco millonario, sin haberle respondido a la ciudadanía, ni siquiera en una mínima parte, la demanda de mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Porque de una cosa estamos ciertos: ni obra de impacto social ni bacheo o servicios dignos se otorgó durante el trienio que en mala hora encabezó el primer presidente municipal emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Y esta situación es producto del descuido, el abandono y la apatía con la que dicho representante popular desempeñó su labor. Afirman fuentes cercanas al Cabildo Municipal que poco se le veía en sus oficinas. Que a veces las sesiones con los y las concejales se tenían que reprogramar ante sus constantes ausencias. Es más, hay fuentes que afirman que estaba más en la ciudad de Puebla que en la capital oaxaqueña que, presuntamente gobernaba. El portal de transparencia municipal no tenía información actualizada y, mucho menos, se daba al ciudadano datos precisos del desarrollo del gasto. A ello hay que agregar que, tal parece que el personal que laboraba en el negocio educativo del ex edil, fue simplemente trasladado sin más a las oficinas de la Plaza de la Danza, sin capacidad probada ni experiencia en las funciones que les fueron encomendadas. Ello motivó que el gobierno local fuera dando tumbos desde principio a fin.
Veremos cuáles son los resultados de las auditorías e información que encontrará el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), luego de que la administración de Martínez Neri le encomendara hallar la hebra de esta situación que hoy carga sobre sus espaldas. Es necesario el establecimiento de procesos resarcitorios y medidas punitivas que sienten un precedente y sirva de lección a ediles arbitrarios, corruptos e irresponsables. Desde hace mucho no se sabe de sanciones o castigos a quienes de manera impune infringen la ley.
Pueblos sin ley
Es impresionante el abandono –o la apatía- de los órganos de seguridad y de justicia estatales, respeto a la cadena delictiva que se presenta en algunas comunidades, particularmente de la zona del Istmo de Tehuantepec, como es el caso de Matías Romero, Santa María o Santo Domingo Petapa, entre otras poblaciones que se ubican, justamente, en las cercanías por donde transitará el llamado Corredor Interoceánico (CIIT). Sólo en el mes de enero, ahí se cometieron no menos de 10 ejecuciones y al menos cinco o seis feminicidios. Se entiende que la gente vive aterrada ante la presencia de grupos delincuenciales violentos, que lo mismo entran a bares a desatar balaceras que secuestran, levantan y asesinan sin pudor alguno, lo mismo hombres que mujeres; ancianos que menores de edad. Es decir, operan sin temor a la ley ni a las corporaciones policiales.
La semana pasada trascendió el asesinato de una mujer, presuntamente comerciante, que fue ultimada cuando se dirigía a su domicilio. Ello fue el martes. Al día siguiente, circularon en las redes sociales fotografias de las cabezas de dos sujetos degollados, en la comunidad de Santa María Petapa. Más tarde aparecieron los cuerpos, eso en su vecina, Santo Domingo Petapa. Es decir, los grupos criminales y los sicarios actúan con absoluta impunidad sin que autoridad alguna les detenga. Ya es común ver en redes sociales fotografías de mujeres u hombres desollados, cuyos restos son abandonados no sólo en parajes solitarios sino, inclusive, frente a oficinas públicas o sitios de gran concentración ciudadana. Las amenazas y cobros de derecho de piso están a la orden del día. Los ajustes de cuentas entre bandas locales y los cárteles de la droga, ni se diga.
Juchitán de Zaragoza es otro ejemplo burdo de pueblo sin ley. Ahí el asesinato es cuestión cotidiana, ya no es la excepción en la convivencia ciudadana sino la regla. Los sicarios ejecutan por igual a malosos y viciosos que a mujeres que se dedican al narcomenudeo. El enjambre de moto-taxis que les ha autorizado el gobierno estatal, que suman más de 3 mil en Juchitán y colonias, sirven para la comisión de diversos ilícitos, desde secuestros hasta ejecuciones. Los grupos empresariales se han pronunciado una y otra vez, sin tener respuesta ni de la Federación, menos del gobierno estatal. Y cuando se han instalado operativos temporales, resulta irrisorio que los homicidios dolosos se incrementan, cual si fuera una burla a la autoridad.
