Cada vez hay que volver a echar la cinta atrás para que el lector conozca la historia de ciertos momentos, rubros, circunstancias y hechos trascendentales. En el año 2001-2002, nuestro estado fue referencia en las primeras páginas de los diarios de la capital del país, noticiarios y la prensa del interior de México. No fue una situación fortuita. A raíz de la realización del Seminario: “Democracia y Acceso a la Información Pública”, en mayo de 2001, medios impresos, electrónicos, investigadores, periodistas, analistas de información, entre otros, forjaron la creación del llamado “Grupo Oaxaca”, pionero e impulsor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue promulgada en el 2002. No fue una labor simple. Fue una verdadera cruzada demoler en el país, vicios e inercias que se habían consolidado en la secrecía y la opacidad. Nacieron entonces el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy transformado en INAI, así como los órganos garantes en todo el país, que se fueron formando en los años siguientes.
Se trató de una conquista ciudadana y un paso importante en el proceso democrático nacional. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas se empezaron a forjar como un hito, mediante el cual la ciudadanía de a pie podría exigirles a los tres órdenes de gobierno, cuentas sobre las acciones oficiales y el uso de los recursos públicos. Todo ello rompió paradigmas y resquebrajó la cultura de la corrupción forjada en la discrecionalidad. En la ley general y en las particulares de las entidades, había sólo un capítulo reservado en el que nadie podría hurgar: todo aquello que tuviera que ver con la seguridad nacional.
Sin embargo, a raíz de recientes investigaciones periodísticas que develaron prácticas corruptas en la contratación de empresas en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso un decreto para que todas las obras oficiales que llevara a cabo su gobierno, no fueran motivo de escrutinio, poniéndoles la etiqueta de “seguridad nacional”. Ante este atentado a la democracia y a la trayectoria de la transparencia y el acceso a la información, el INAI envió de manera oportuna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional. Gracias al empeño de los ministros, el llamado decretazo fue frenado.
Que se aplique la ley
En redes sociales se difundió la semana pasada, que el Senado de la República había hecho reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de calificar como un delito, la toma de casetas de cobro, lo cual puede ser castigado con prisión hasta de 7 años o el pago de multas, mayores a los 44 mil pesos. En nuestra entidad, dicha situación se ha vuelto intolerable. Cualquier hijo de vecino, llámense maestros, normalistas, comuneros, grupos indígenas y diversas organizaciones, han tomado el atraco en casetas de cobro como Huitzo, Coixtlahuaca o Ixtepec, como si fuera ya un deporte, es decir, una práctica cotidiana, a veces frente a las corporaciones policiales tanto federales como estatales. Se dice que, inclusive los mismos administradores lo permiten, en una presunta complicidad con los grupos y dirigentes que ya son clientes cotidianos.
En períodos vacacionales y en virtud de la cantidad de vehículos que transitan por las carreteras de cuota, la toma de casetas ha devenido una verdadera mina de oro. Sería exagerado decir que son millones de pesos, pero sí muchos miles. El atraco que se da para permitir el paso a los automovilistas o transportistas, con el pago obligado de cincuenta o cien pesos, ha llamado la atención, incluso, de grupos criminales que podrían estar detrás del robo cotidiano. Ello se da, con todo el peligro que implica para los usuarios, dado que, al no tener recibo oficial en la mano, no cuenta con el seguro con el que está protegido en caso de accidente o siniestro. No obstante, los llamados constantes a que las corporaciones inhiban este tipo de ilícitos, las mismas han hecho caso omiso, pues dicho delito se pretende encubrir con el manto de libertad de expresión que, obviamente, no lo es.
Las pérdidas de Caminos y Puentes Federales, Similares y Conexos (Capufe) son millonarias, pues pese a declaraciones oficiales de que se castigará dicho ilícito, esto no se ha cumplido. La carta de bienvenida al turismo extranjero y a los visitantes nacionales que llegan a la entidad es, en cada temporada vacacional, las casetas de cobro tomadas por sujetos armados de palos, machetes o piedras. Ello se ha vuelto una especie de institución, pues las autoridades se han encogido de hombros. Ojalá pues que la reforma a la ley que se atribuye a la Cámara Alta, permita acabar con este atracadero cotidiano y a plena luz del día. Ya basta de tanta impunidad.
