Oaxaca es el segundo estado más pobre de la república mexicana con 76 por ciento de su población viviendo en condiciones de pobreza extrema, lo cual es un factor que contribuye a que cada año aproximadamente 150 mil oaxaqueños emigren hacia los estados del norte de México y los Estados Unidos. Otro factor son los ingresos, pues con el sueldo mínimo por un día de trabajo de ocho horas y que existen demasiadas personas que son pagadas menos que el sueldo mínimo nacional, los flujos migratorios van en aumento.
El panorama es desolador, pues sólo 2.9% de la inversión federal al estado son dirigidas a áreas rurales y aproximadamente 250 mil oaxaqueños son trabajadores migrantes en estados del norte de México, especialmente en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Cosechan tomate, café, caña, entre otras. Y nuestra entidad es la segunda, después de Guerrero, con el mayor número de niños migrantes, quienes trabajan a lado de sus padres y su futuro ofrece pocas alternativas fuera de esta labor. Frecuentemente, no asisten a la escuela por la distancia entre el campo y la escuela, y porque el constante movimiento no lo permite.
La estrecha relación entre México y Estados Unidos va más allá de ser socios comerciales principales; sugiere una convergencia socioeconómica, especialmente visible en los estados del sur de Estados Unidos y del norte de México, donde los desafíos comunes y las lecciones compartidas en áreas como la educación y la salud impulsan el progreso social.
Ante las crecientes amenazas de Donald Trump urge adoptar las medidas que los ayuden a enfrentar tales acciones, pues lo mismo van tras jornaleros que contra quienes se encuentran sin permiso de residencia o con antecedentes penales.
Los planes de deportación de Trump no concuerdan con la realidad, pero levantan alarma. Lejos de sentarse a esperar a ver si cumplirá sus promesas de campaña, estos grupos han decidido tomar acciones.
Agobia violencia
Tras los hechos violentos registrados en los últimos días en nuestra capital es necesario redoblar esfuerzos para lograr una verdadera prevención de la violencia, elaborar un conjunto de acciones destinadas a reducir los factores que propician la violencia y la delincuencia, tanto para evitar que éstas lleguen a manifestarse, reciente como para intervenir en su reproducción cuando ya se han manifestado.
Ya se está haciendo habitual encontrar en las páginas de los diarios o en los noticiarios radiofónicos y televisivos notas alusivas a robos en casa-habitación, asaltos a transeúntes, ajusticiamientos, despojos violentos y el creciente reclamo de la sociedad a cada una de las instituciones responsables de garantizar la seguridad física y patrimonial de los oaxaqueños.
Más allá del acto criminal en sí mismo, el fenómeno en crecimiento que ha despertado un sentimiento de incertidumbre e irritación entre los habitantes de nuestra capital y otras ciudades oaxaqueñas es la desmesurada ola de violencia asociada al delito. Para los residentes de estas ciudades salir a la calle se ha convertido cada vez más en una aventura, donde igual se ve en el acompañante de asiento en el transporte público, el chofer del taxi recién abordado o en los ocupantes.
Este agobio ha llevado a la población a juzgar la inseguridad pública como el problema decisivo de gobierno, sea éste del signo político que sea. Sin duda se vive entre la población un difícil momento, con un creciente dejo de preocupación respecto a su entorno social, aparejado al desencanto e indignación contra los administradores de la seguridad.
Las encuestas de los medios coinciden en que la seguridad es la prioridad de los ciudadanos, con cerca de la mitad que la mencionan como su principal preocupación. La creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Para comprender su magnitud es fundamental examinar los hechos y las cifras que reflejan la realidad actual.
