• Atender migrantes
• Mujeres rurales
Molestos, inquietos y preocupados, la dirigencia de la Sección 22 de le CNTE alertó a los sindicalistas que desde el pasado viernes 13 de octubre la Auditoría Superior de la Federación que encabeza David Colmenares Páramo, comenzó la revisión y fiscalización de la cuenta pública federal en escuelas. A través de un comunicado firmado por Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria General y Eutiquio Ruiz Reyes, secretaria General y secretario técnico, convocó a sus bases a rechazar esta medida.
En tiempos de transparencia, rendición de cuentas, piden no permitir el acceso de los auditores a sus instituciones educativas, y argumentan que atenta contra los derechos de los sindicalizados y fiscaliza la educación pública de nuestro estado. La transparencia no se contrapone a la autonomía y a la libertad sindical, por el contrario, empodera la legitimidad de los sindicatos frente a sus agremiados y la sociedad.
Es indudable que un sindicato fomenta su libertad cuando rinde cuentas a sus agremiados; fortalece su autonomía cuando es transparente; se empodera y fomenta su legitimidad frente a sus agremiados y de cara a la sociedad justamente con la transparencia, entendida como un valor del servicio público, y el acceso a la información como un derecho humano.
A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, los sindicatos se encuentran obligados a otorgar acceso a toda la información relacionada con el uso y destino de los recursos públicos que reciben.
… A VUELO DE PÁJARO
La Federación debe acudir en auxilio del gobierno de Oaxaca para resolver el problema originado por el flujo de migrantes que en su paso para alcanzar la frontera con Estados Unidos de Norteamérica están causando serios conflictos sociales en municipios. Se ha informado que el Centro de Movilidad Migratoria en San Sebastián Tutla atendió tras abrir el 25 de septiembre hasta la fecha 24 mil 482 personas y según las autoridades municipales los migrantes generan dos toneladas de basura al día, el transporte destinado para su traslado, han dañado las calles de la población, además de crear un ambiente de inseguridad.
Presentación
En el marco de la 43 Feria Internacional del Libro de Oaxaca, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez fue invitado a presentar la obra “Criminalia 90 Aniversario”, de la Revista de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, organismo que ha agrupado a los más destacados penalistas del país. Junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura intervendrán el director de Criminalia, doctor Miguel Ontiveros Alonso y el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero; en tanto que como moderador participará el magistrado Gerardo Carmona Castillo, integrante de la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia. La presentación es el próximo jueves 19 a las 16:00 horas en el Foro Panorámico del Centro Cultural y de Convenciones.
Mujeres rurales
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el promedio de mujeres ocupadas en agricultura en México es del 10%, ya que su trabajo en el campo con frecuencia no es remunerado. Y en Oaxaca la mayoría de la población -de origen indígena- se dedica a la agricultura de subsistencia y en la costa, a la pesca artesanal. La pobreza tiene una alta incidencia en el estado debido al aislamiento geográfico de sus comunidades, al escaso acceso a servicios básicos de educación, salud y vivienda, a la baja productividad de sus cultivos, y al bajo rendimiento de sus actividades pesqueras. A pesar de los discursos la vulnerabilidad por carencias sociales, como la falta de acceso a beneficios de educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos como agua, electricidad y alimentación, siguen campeando.
Violencia
En materia de combate a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, especialistas consideran desafortunada la sentencia del TEPJF que determinó la eliminación del párrafo que obligaba a los partidos políticos a verificar que las personas que postularan como candidatas o candidatos no estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPMRG, con lo que dicho registro ya no tiene ninguna utilidad práctica para combatir este tipo de violencia.
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Volveremos.
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