La semana pasada inició la revisión de cuentas del 2021 al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin duda ello habrá de permitir desentrañar el destino de al menos 1 mil 500 millones de pesos que tuvo a su disposición el ex presidente municipal, Oswaldo García Jarquín para dicho ejercicio fiscal y el resultado final que fue una verdadera crisis con los trabajadores del Sindicato “3 de mayo”; una ciudad plagada de desechos sólidos por doquier y, la herencia de deudas por 280 millones de pesos a su sucesor en el cargo, Francisco Martínez Neri. Sin duda, la revisión oficial de las cuentas ha sido necesaria dado que no existen obras o programas que haya qué reconocer al ex edil, quien, según sus cercanos, se dedicó a muchas cosas menos a gobernar a la ciudad cuyos ciudadanos le otorgaron la confianza con su voto.
Sin embargo, de poco servirán las auditorías si no van acompañadas de procesos resarcitorios o penales. Ya es normal que muchos de los saqueos que ha padecido el erario estatal o municipal, sólo se castigan con inhabilitaciones que, a la larga, nada remedian pues el daño económico está hecho. Son los recursos del pueblo que, bien usados servirían para solventar gastos y erogaciones en obras educativas, de infraestructura, salud, etc., pero no. Van a dar al bolsillo y las cuentas bancarias de funcionarios de gobierno que, en lugar de ser consignados ante el Ministerio Público y, posteriormente ante el Juez, sólo reciben como castigo que no puedan laborar en tareas de gobierno tantos o cuantos años. Se trata pues de una burla al sentido común.
El gobierno municipal actual no podrá emprender un programa de obras, de desarrollo social o infraestructura en la capital, agencias y colonias, pues está atado de manos, ante los adeudos que ha tenido que pagar desde que inició funciones, el primero de enero pasado. He ahí la solicitud de préstamo que ha tenido que hacer el actual edil, ante la presión de proveedores y acreedores que no recibieron el pago oportuno por los servicios prestados a la anterior administración, no a ésta. Pese a la gravedad de casos de saqueo, no se sabe de la aplicación de procesos resarcitorios. Hasta el momento, tampoco se sabe de ex ediles consignados o recluidos por malos manejos, corrupción o peculado. Y ello ha sentado un mal precedente, entre tantos corruptos que hoy mismo se pasean impunemente.
Hacia las clases presenciales
Todo apunta a que la normalidad educativa camina viento en popa. Es decir que, a más de dos años de pandemia y ante el pronóstico favorable de las autoridades sanitarias de que las cosas mejoran al reducirse los casos de contagio y muerte por el virus del SARS-CoV2, las clases presenciales están a la vuelta de la esquina en su totalidad. Esto es: pronto veremos ya a nuestros hijos en las aulas. El domingo pasado, en la asamblea de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se acordó un regreso a clases consensuado con padres y madres de familia, además de gradual y cumpliendo con los protocolos que recomiendan las autoridades sanitarias. Es importante subrayar que es el magisterio sindicalizado uno de los que más se ha negado al retorno presencial de los educandos a sus respectivos centros escolares.
Se trata de un hecho importante luego de dos años de que prácticamente se suspendieron las clases presenciales ante el temor de expandir los contagios. En principio, porque se trataba de algo nuevo en la humanidad, de la que no había ni tratamiento ni vacunas. Poco después, cuando científicos y laboratorios descubrieron la vacuna, se dio la imposibilidad de abastecimiento y, posteriormente, para su aplicación en un universo de millones de mexicanos, dándose prioridad a las personas de la tercera edad y con comorbilidades, dada su vulnerabilidad ante el mal. Más tarde habían de aparecer las nuevas cepas: Delta y Ómicron, que obligaron a reducir afluencia en sitios públicos, transporte e hicieron imposible el postergado retorno a las clases presenciales. Sin embargo, en el interior de la entidad, desde el año pasado, hay comunidades que, a exigencia de padres y madres de familia, los maestros han tenido que hacer acto de presencia. El atraso escolar en planes y programas es más que evidente.
Es importante subrayar que uno de los factores que ha incidido más en el atraso han sido las clases virtuales. Los problemas de conexión en las comunidades rurales, la pobreza, las limitaciones económicas que impidieron comprar un equipo de cómputo, etc., además de factores psicológicos como la soledad y el ensimismamiento, han contribuido a que al atraso ancestral que traía arrastrando el sector educativo oficial, se añadiera otro más generado por la pandemia. Esperamos pues que la llamada nueva normalidad sea una realidad.
