Lo que vivimos los citadinos en días previos a la Navidad es algo que no debe ocurrir más. Un verdadero caos fue el que desataron los sindicatos del ayuntamiento capitalino ante la falta de pago de sus quincenas y aguinaldo. Muchos podemos decir que con razón. La mayoría de dichos trabajadores viven al día, de sus salarios y de su trabajo. Sin embargo, lo que está en tela de juicio no es la razón o no de sus demandas, sino el hecho de vulnerar el derecho de terceros para exhibir a un gobierno local irresponsable. Desde hace mucho hemos insistido en el tema. La libertad de expresión es, sin duda alguna, un derecho que nos otorga la Constitución. Pero no es un cheque en blanco para vulnerar el derecho a la libre circulación, ni, mucho menos, para poner en un brete el Estado de Derecho. El gobierno estatal debe aplicar aquí lo que Max Weber definió como la ética de la responsabilidad. Ejercer su derecho a la fuerza. Sean demandas justas o no, nadie, absolutamente nadie, debe atentar en contra de la libertad de otros.
Lo más doloroso y abominable es que una mala decisión del electorado, que hace tres años le apostó a un cambio, sin reparar en la falta de experiencia, oficio político y capacidad, siga en las mismas. Lo que vivimos en días pasados, es el fracaso de un gobierno local, no sólo incapaz de cumplir sus compromisos institucionales, sino de responder a las más elementales normas que deben existir entre una administración y sus trabajadores. Tampoco es hacer de la política del avestruz, esconder la cabeza, un auto de fe. Si bien es cierto que los golpes que padeció la ciudadanía inerme, el turismo nacional y extranjero, la industria turística en general y demás, no era respuesta a la omisión o competencia del gobierno estatal, también es cierto que todo aquello que ponga en riesgo el Estado de Derecho, provenga de donde provenga, sí debe ser atribución del mismo.
La ciudadanía está harta. El Poder Ejecutivo no debe permitirlo más, ante el silencio cómplice de los diputados del bloque mayoritario, que con ello han demostrado su negligencia e incapacidad. Lo hemos dicho una y otra vez: no es lo mismo ganar elecciones que gobernar. Hay duras lecciones en el pasado de aquello de lo que el pueblo oaxaqueño abomina. El conflicto del 2006 o el affaire Nochixtlán del 2016. Pero ello no debe ser una camisa de fuerza para no actuar conforme a derecho. Nadie quiere que escenas como las de los últimos días se repitan. Es una afrenta, un agravio al pueblo oaxaqueño. Los responsables, sean quienes sean, deben pagar por ello.
Fiscalización, ¿pura ficción?
Tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca –el OSFEO- han difundido información respecto a los municipios omisos en rendir cuentas y en dar información puntual sobre el uso de los recursos estatales y federales. Sin embargo, todo va en función de la denuncia y no en acciones punitivas o penales, que sienten un precedente entre los ediles morosos, incumplidos o corruptos. EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, ha difundido información sobre aquellos municipios que no cuentan con sus portales de transparencia; que carecen de mecanismos de consulta para que el ciudadano pueda saber en qué se gastan los recursos o sus impuestos. Es increíble que, a punto del cierre, como ocurrió en Oaxaca de Juárez en días pasados, salgan a flote anomalías tan graves como aquella que no se tenía contemplado el pago de sus trabajadores.
Se trata de algo que hasta el más ignorante debe saber. ¿A dónde fueron a parar dichos recursos? ¿Quién o quiénes manejaron el presupuesto que tuvo que llegar a esos niveles? Si los recursos de los Ramos 28 y 33 se administraron a tiempo, ¿cuál fue su destino final? Sin embargo, no sólo el municipio de Oaxaca de Juárez dejará las arcas vacías, plagadas de adeudos y conflictos, hay otras cabeceras en donde se dieron situaciones burdas de corrupción, como Huajuapan de León, al que le fueron clonadas sus cuentas, que despojaron al ayuntamiento de poco más de 14 millones de pesos. Desde hace más de una década no se sabe de algún ex presidente municipal al que se le hayan fincado responsabilidades penales o se le haya exigido cumplir con un proceso resarcitorio. Las acusaciones de malos manejos, corrupción, desvío o peculado, se quedan ahí, sólo en la denuncia. Pareciera que existen redes de complicidad, entre quienes revisan las cuentas y los que las esconden. Como si las redes de corrupción involucraran a quienes, se presume, son los responsables de sancionarla.
La pregunta es: ¿sirven de algo dichos órganos o sólo para tapar los hoyos de aquellos que, investidos de poder con el voto popular, se llenan los bolsillos, los de sus cómplices o cercanos? ¿Sirve de algo que varios municipios estén en la mira de dichos órganos fiscalizadores o sólo es una pantalla ficticia sólo para acalambrar a los responsables no para castigarlos? Algo hay de cierto. Ya veremos lo que pasa una vez que entreguen a los ediles que los sustituyen.
