Desde el inicio del gobierno de Gabino Cué (2010-2016), Oaxaca inició una espiral ascendiente de crímenes cometidos en contra de mujeres. Al final del sexenio las estadísticas mostraban más de 400 crímenes, la mayoría de los cuales siguen sin resolverse. La crítica sobre la inseguridad ubicó a Oaxaca como una de las entidades del país en donde se cometían más asesinatos de mujeres. El mapa de impunidad ha sido realmente ofensivo para los familiares de las víctimas. No existe investigación que a éstos les permita atisbar al menos, que se busca a los criminales. Por el contrario, se habla de complicidades al interior de los órganos competentes, como es el caso de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para que dichos crímenes por cuestiones de género, sigan sin esclarecerse. El directorio de las víctimas ha ido creciendo de manera exponencial. ¿Cómo entender que solamente en el mes de enero y lo que va de febrero, se hayan cometido nueve feminicidios? Mujeres apuñaladas o asesinadas a machetazos. Ultimadas a balazos o simplemente ejecutadas, frente a dependencias y entidades gubernamentales que parecen no advertir la gravedad del problema, sino que se interpreta de manera superficial.
Oaxaca ha estado ya en posibilidad de declarar alerta de género ante una secuela criminal que parece no detenerse. La desaparición de jovencitas se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Sin duda su corolario es la trata de personas que explota a placer el crimen organizado. A diario se publican en los medios impresos locales, datos y fotografías de niñas que son secuestradas por grupos criminales y que no aparecen. O que luego aparecen asesinadas y violentadas. Oaxaca, aunque no queramos reconocerlo se encamina hacia estadios similares a los que se viven en Guerrero, en donde caminar por la calle se convierte en una seria amenaza de muerte. Si no hemos llegado a esos niveles, aún es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto. El tema de los asesinatos de mujeres por cuestiones de género, a lo que se llama feminicidios, debe ser abordado en su exacta dimensión. No es sólo ofrecer la acción del aparato de justicia, que es lo de menos, sino llegar al meollo del asunto y dar una lección severa a quienes de esa manera siguen segando vidas de mujeres a veces indefensas. Pero de una cosa estamos ciertos: no podemos seguir como hasta hoy, arrastrando una impunidad que ofende.
SSO: Urge limpia a fondo
Como lo hemos comentado en este espacio en días pasados, la protesta de los trabajadores de los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO), ha continuado, ahora con acciones “radicales”, muy bien copiadas a los maestros y capos del Cártel-22: cierre del aeropuerto, de la carretera 190, a la altura de Hacienda Blanca, de Ciudad Administrativa, etc. Más allá de las razones de peso que tengan quienes dicen cumplir con su labor; más allá de amenazas de despido, lo que tienen que hacer las autoridades, sobre todo de Contraloría, es revisar a fondo las nóminas desde hace algunos años para detectar a todos aquellos (as) que han cobrado sin trabajar, devengando un salario que jamás han merecido. Es decir, hacer una labor inmediata de limpia de “aviadores”, pero también de parientes, amantes, hijos, hijas u otros, que están protegidos por los delegados o dirigentes sindicales y que son producto de los vicios que ahí se han incubado. Sin duda, la podredumbre viene de atrás, particularmente de la administración de Gabino Cué. En el impresionante desvío que se dio ahí, en la compra de medicinas, equipo médico, infraestructura y otros, también se abusó de la contratación de personal sin el techo financiero para cubrir las plazas creadas.
Independientemente si el gobernador Alejandro Murat cede en entregarles la cabeza del titular, Juan Díaz Pimentel o no, lo cierto es que la labor de asepsia debe seguir y no detenerse. Es una verdadera infamia desviar recursos destinados a salvaguardar la vida y la salud de los oaxaqueños, sobre todo de los más pobres, para el beneficio personal de unos cuantos vivales. Y en ese paquete van los cientos de “aviadores” y “comisionados”, de que hemos hecho mención. Ya se han dado a conocer algunos nombres, pero son los menos. Hacen falta muchos más, como por ejemplo, los que están asignados en otras tareas. ¿Cómo es posible que una empleada que lo fue desde el gobierno de Ulises Ruiz en el sector salud, siga cobrando generosa dieta, cuando desempeña otras funciones en el Congreso del Estado? Eso es una acción ilegal que debe ser castigada con sanciones penales o administrativas. Pero de ninguna manera debe quedar impune. Urgen lecciones severas para evitar que dicha situación se repita. Hay que ir pues a fondo, independientemente de lo que pase luego de la exacerbada protesta y la cerrazón de aquellos que dicen, tener razón.
