La semana anterior, tal cual lo publicamos en las páginas de EL IMPARCIAL. El mejor diario de Oaxaca, el organismo Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), dio a conocer una cifra preocupante. Sólo durante 2022 la cifra de asesinatos de mujeres fue de 146. Se trata únicamente de un año. Faltan aún las cifras de todo el sexenio anterior y los acumulados del de Gabino Cué, para dar una idea que la violencia criminal en contra de las mujeres en Oaxaca, ocupa un lugar preponderante en el país. Sin embargo, no es eso lo que preocupa, sino la superficialidad con que las autoridades han visto el tema, lo que se ha traducido en nulas investigaciones y menos consignaciones de los presuntos responsables. Varios de los crímenes en contra de mujeres tienen el sello característico de la violencia intrafamiliar; otros, son casos abiertos de ejecuciones perpetradas por grupos criminales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGEO) no ha respondido a las exigencias de las familias que han perdido a sus hijas o madres en dichas acciones criminales. Un caso muy sonado, incluso se llevó espacios en noticiarios nocturnos de la televisión comercial, fue el de la joven Abigail Hay Urrutia, quien murió en los separos policiales del municipio de Salina Cruz. Videos, testimonios, pruebas las hubo de que se trató de un presunto abuso policial. Dos personas fueron detenidas: el juez municipal y un comandante de la policía local. Pues bien, el padre de la víctima sostuvo una conferencia de prensa el miércoles 4 de enero para demandar justicia para su hija. Y hablamos de un episodio que ganó mucho espacio en los medios de comunicación nacionales y locales.
Está en vías de que el Congreso del Estado, luego de lanzar la convocatoria, designe al nuevo o nueva Fiscal General del Estado, entre 22 prospectos (as). Con certeza quienes se promueven para el cargo, saben que el tema de feminicidios y violencia en contra de la mujer, siguen viento en popa. Todo ello, a pesar de la instalación la semana pasada del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 2023-2028, en cuya ceremonia el gobernador del estado, Salomón Jara dijo que “Oaxaca no puede seguir siendo un paraíso para la violencia feminicida, ni para la impunidad; a partir de hoy diseñaremos e instrumentaremos las estrategias y acciones necesarias para garantizarle a las mujeres, niñas y adolescentes, su derecho a vivir libres de violencia”.
Retorno de desplazados. ¿Al fin?
Hace unos días, en la administración estatal se echaron las campanas al vuelo para festinar el reinicio del retorno de los presuntos desplazados triquis a Tierra Blanca, Copala, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca. La versión oficial es que, luego de la instalación de la mesa de diálogo para la concertación de la paz en la “Nación triqui”, las dirigencias de las organizaciones que se disputan la supremacía: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), así como su escisión, el MULTI, habían acordado el regreso de sus hermanos de etnia a su tierra de origen. Es importante recordar que, este tema no es de reciente cuño, sino que tiene al menos 12 años de hablarse de desplazados. Fue justamente en 2010, cuando el grupo que mantuvo en su poder los pasillos del Palacio de Gobierno, se asumieron en ese estatus.
Sin embargo, se trata de un proceso largamente postergado. Y no por los buenos oficios que han desplegado tanto el gobierno estatal como la Federación, sino por la obstinación y cerrazón de los dirigentes que han hecho de la violencia el gran negocio. Varias mesas de diálogo fracasaron en los últimos años del gobierno anterior. Es más, hasta el mismo Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, estuvo convencido de que había mano negra para poder concertar la paz y el retorno. El tema se convirtió prácticamente en un círculo vicioso. No bien se emprendía el diálogo y ya brincaba un asesinato, una emboscada o un atentado en contra de tal o cual organización. Todo ello creó un entorno negativo respecto a dicha etnia, reconocida como conflictiva, beligerante y manipulada por dirigentes sin escrúpulos.
Esperamos pues que dicho proceso de retorno no sea sólo un espejismo y que se concrete la anhelada paz entre los grupos triquis, cuya historia en los últimos treinta años está salpicada de sangre de su misma raza. En efecto, asesinatos los ha habido al por mayor, al igual que desapariciones de mujeres y hombres. En su lucha a muerte por el predominio, han caído por igual ancianos que niños. Lo anterior, permeado por un tráfico de armas sólo visto en los grupos criminales, un tema del que los líderes omiten hablar. Nada mejor para pacificar la zona que emprender una campaña de desarme que, nadie se explica el por qué no se ha llevado a cabo, como si hubiera temor para emprenderla.
