El caso de Diego “N”, exalumno del IPN, marcó un hito por ser uno de los pocos que llegan a juicio tras la tipificación de la violencia digital en el Código Penal
El 26 de octubre del 2023, policías de la CDMX detuvieron a Diego “N” luego de ser denunciado por ocho alumnas del IPN por el delito contra la intimidad sexual con uso de IA, un mes después, las autoridades lo vincularon a proceso. El joven tenía en dispositivos móviles al menos 166 mil imágenes alteradas con IA, así como 20 mil videos.
Hace unos días el juez Francisco Salazar Silva lo absolvió, el magistrado reconoció que había delito, pero argumentó que no se podía probar su responsabilidad, pues las imágenes habían sido alteradas en plataformas de inteligencia artificial, un sistema que no deja una huella rastreable.
El caso del exalumno del IPN, marcó un hito por ser uno de los pocos que llegan a juicio tras la tipificación de la violencia digital en el Código Penal, donde se plantearon tres posibles delitos: almacenamiento, trata de personas y pornografía infantil, sin embargo, la falta de herramientas técnicas para identificar la alteración de las imágenes resultó clave en la resolución del caso.
El fallo no sorprende, pero indigna, frustra y revela un sistema que no está preparado para castigar la violencia digital, resultaría muy romántico pretender que al carecer de una legislación técnica, protocolos claros y herramientas científicas que permitan investigar y sancionar de manera efectiva, el resultado podría ser diferente.
Pero en México, estas son las consecuencias de legislar para suavizar la opinión pública sin prever la implementación, que no exista un marco legal integral no solo perpetúa la impunidad, sino que también revictimiza a quienes denuncian, en lugar de protegerlas, genera expectativas insatisfechas, miles de carpetas sin resolver y desconfianza hacia el sistema judicial.
La violencia digital sigue siendo normalizada; muchos lo ven como una broma o algo sin importancia, la situación ha puesto en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las leyes y procedimientos que protejan a las víctimas, principalmente mujeres, que enfrentan un sistema que simplemente no está preparado para castigarla.
Si el fallo hubiese sido diferente, tanto el juez como el sistema pudieron convertirse en parte de un precedente histórico en América Latina, pudo haber sido el primer caso de este tipo sentenciado bajo estas circunstancias. Este vacío técnico y metodológico no es casualidad, sino el reflejo de una pésima técnica legislativa.
Pero como casi todo es otra cosa, esto no representa una derrota definitiva, aunque Diego “N” quede libre sólo por el delito de dos de las ocho denunciantes, todavía quedan seis más. Este es un llamado urgente para construir un marco legal que proteja y no vulnere, lineamientos claros para sustentar investigaciones en casos que implican tecnología avanzada como la inteligencia artificial y sobre todo que las fiscalías locales tengan las herramientas y personal capacitado para abordar estos delitos.
Un llamado que involucra a activistas, legisladores y la sociedad, sobre todo a los congresos locales quienes se dedican a levantar la mano sin construir y garantizar que eso que se legisla, funcione, que trabajen en conjunto para construir los procedimientos que garanticen justicia real y el sistema no vuelva a fallar.
