Daño moral

Dos hechos muestran la gran ineptitud del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, el petista Dante Montaño Montero, en el manejo de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del Coronavirus. 

Primero, la llamada de atención que le hizo oficialmente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIPO) por “no aplicar las medidas preventivas y no acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias”. Su indolencia era -y sigue siendo- muy notoria en esa demarcación que dice gobernar. La advertencia la recibió formalmente pero su soberbia le impidió acatar todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Gobierno Federal y del Gobierno estatal. Distraído totalmente en sus negocios turbios como el desvío de recursos públicos en obras fantasmas y disposiciones represivas como los retenes con el pretexto del alcoholímetro para aumentar sus ingresos propios, que nadie audita, tiró al cesto de la basura la advertencia del IAIPO. 

Segundo, su irresponsabilidad provoca que esté exponiendo a miles de habitantes de ese municipio al Covid-19 como sucedió con el regidor Antonio Pacheco.  Si aquí se aplicaran las leyes, este edil debería responder por doble partida. Judicialmente por no acatar las disposiciones sanitarias emergentes. También moralmente por el daño causado al regidor que murió y contagió a su familia al grado de destrozarla porque también falleció la madre de este concejal y el resto de sus seres queridos están en cuarentena.  Este concejal recibió la orden de Dante de hacer campaña política en plena pandemia. En el reparto de despensas en nombre de Dante Montaño, adquirió el mal, dicen sus familiares. 

Lo peor es que este municipio que navega en la ingobernabilidad padece consecuencias del descuido de la salud pública que significa incremento de contagios y aumento de muertos.  El fracaso del edil Dante Montaño se evidencia en algo más grotesco como el funcionamiento clandestino de antros de vicio de todo tipo en esa comarca pese a la pandemia.  

HUMANISMO EN CÁRCELES 

En actitud de solidaridad humana y por la alarma en algunas cárceles por la epidemia, el presidente del Poder Judicial, Eduardo Pinacho Sánchez, ha ordenado a sus jueces y magistrados revisar con funcionarios responsables de las políticas de prevención y reinserción social, casos de reos “no de alta peligrosidad” próximos a finalizar su sentencia.

La finalidad es aplicar el beneficio de la pre-liberación para internos de avanzada edad y con padecimientos, pero que no estén procesados por casos de delitos graves, de alto impacto, o de índole sexual. 

En las reuniones de trabajo de manera virtual, jueces, magistrados y funcionarios decidieron esta medida ante el contagio de reos de cárceles del estado y por considerar que al ser la humanización de la justicia uno de los ejes prioritarios en el Poder Judicial, acordaron con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Eduardo Pinacho, tales medidas. 

Informaron que el acuerdo se sujeta al principio de proporcionalidad de la pena, previsto en la Constitución local. También participaron en tal reunión, el Secretario de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, y el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, a fin de analizar los casos viables de reos que puedan hacerse acreedores a este beneficio.

EL SALTO DEL CHAPULÍN 

El asesinato de un joven deportista en Acatlán de Pérez Figueroa y un hecho similar en el municipio de Huitzo donde están involucrados policías municipales, prendió focos rojos. 

El caso originó que el mismo gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ordenara una revisión a fondo sobre el funcionamiento y comportamiento de las corporaciones policiacas de cada municipio. 

Aunque estas reacciones se derivan de los abusos recientes, hay registro de muchos casos similares. 

La Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) tiene documentados, tan solo en este año, dos muertes al interior de los centros de detención municipal de El Espinal y Matías Romero, así como 120 quejas por actuaciones violatorias de derechos humanos cometidas por corporaciones policíacas municipales.

En relación a los dos últimos casos extremosos del asesinato de dos muchachos, la DDHO ha emitido otra recomendación. Pide que se investigue a fondo porque se avizoran posibles violaciones a los derechos humanos de los dos jóvenes cometidas presuntamente por policías municipales de San Pablo Huitzo que causaron la muerte de uno de ellos y lesiones graves al otro. Pidió a la Fiscalía General que concluya las investigaciones, máxime que se involucra en los ilícitos el nombre de la síndico municipal.  

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