La semana pasada, personas que pertenecen al Programa de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), tomaron la Terminal de Autobuses de Primera Clase, ocasionando graves contratiempos a pasajeros y operadores de las unidades, al impedir la entrada y salida. Quienes mueven a estos trabajadores administrativos o manuales del sistema educativo estatal, exigían el regalo navideño que, por tradición se les viene entregando desde hace años. En esta ocasión se inconformaron pues sólo les entregaron una olla de aluminio que, según ellos, cuesta menos de 400 pesos, por lo que exigían, además, la entrega de un bono de 3 mil pesos. Se trata de acuerdos y convenios que, a la luz de los tiempos de austeridad que ha marcado el gobierno federal, deben ir desapareciendo. El trabajo que realizan, es tan importante como el de los docentes, por lo que no debe haber empleados de primera y de segunda. No tarda en que todos, como ha ocurrido en años anteriores, pidan electrodomésticos u otros productos de más valor en el mercado.
Cuestión de ver cuántos millones eroga el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para satisfacer las exigencias de dichos trabajadores. No hay que ignorar que existen grupos al interior del magisterio empecinados en romper la buena relación que se ha establecido para sacar adelante el proceso educativo y evitar que, como en el pasado, la misma fuera tirante no sólo con la autoridad educativa sino con el mismo gobierno estatal. Las lecciones que como sociedad padecimos, empezando por el conflicto del 2006, han dejado una huella profunda entre los oaxaqueños. La manipulación de normalistas, por ejemplo, orientándolos a cometer acciones fuera de la ley y de vandalismo puro, le ha sido imputada a la llamada Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), uno de esos grupos de izquierda radical acartonada y anclada en doctrinas ya extintas.
Lo que está en tela de juicio es que, a la luz de la nueva polìtica que ha emprendido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, hay vicios e inercias que deben ir desapareciendo y dando lugar a una relación de respeto entre Estado/trabajadores del sistema educativo, fincada no en la satisfacción siempre de prebendas monetarias y canonjías, sino sólo en lo que marca la ley. Eso es lo que deben entender aquellos que, como los trabajadores del PAAE, siguen anclados en la exigencia de regalos.
En la ruta de migración
Históricamente, Oaxaca ocupa uno de los primerísimos lugares a nivel nacional, como entidad de tránsito del flujo migratorio ilegal, que procede de Centro y Sudamérica. Nuestra colindancia con Chiapas, que es la primera por donde fluyen las caravanas que se internan al país en la frontera con Guatemala, ha hecho de nuestra entidad la vía por la que transitan miles y miles de personas. Anteriormente se internaban en nuestro territorio en el lomo de “La Bestia”, tren carguero que hace la ruta de Centroamérica al país, centenas o tal vez miles de ciudadanos de otros países en su ruta hacia el Norte y los Estados Unidos de América. En los últimos tiempos, los medios se han sofisticado, como las recientes caravanas de haitianos, venezolanos, colombianos y hasta africanos, que han buscado visas humanitarias para evitar ser deportados a sus países, permeados por el desempleo, la pobreza y la inseguridad.
Lo anterior ha dado pie para que grupos criminales y bandas de traficantes de humanos, hagan los negocios de su vida. El brutal accidente ocurrido hace dos semanas en Chiapa de Corzo, cuando un tráiler chocó con un puente, muriendo al menos 55 personas, todas ellas migrantes ilegales contactados previamente por bandas delictivas, puso en alerta a las autoridades. Este negocio, hay que decirlo con todas sus implicaciones, ha forjado grandes fortunas entre bandas bien organizadas que han operado en los límites de Oaxaca y Chiapas. El tráfico ilegal se ha dado, con la presunta complicidad tanto de corporaciones policiales federales como estatales y, ha trascendido, con la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) que, aunque ahora se le quiera presentar como una institución limpia y sin mácula, ha estado permeada por la corrupción.
El tráfico humano se da en la entidad –y eso deben saberlo, obviamente las autoridades- por tierra o por mar. La zona del Istmo de Tehuantepec es la más socorrida por las olas migratorias ilegales. Y así como se permite el tráfico humano también abundan los abusos, particularmente en las garitas que el INM tiene en la región: la de Novillero y La Ventosa. Tampoco es un secreto que aquellos que se quedan en el país, son objeto de trata, sobre todo mujeres. Desde hace más de una década, en este espacio editorial hemos insistido en el tema. No se trata de ver el problema sólo bajo el prisma humanitario, sino en la óptica estricta de la ley y los derechos humanos.
