A tres meses de concluir su administración, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le ha quedado a deber a Oaxaca, pues no hubo desarrollo económico como tampoco en infraestructura.
De acuerdo con datos del sector empresarial de la entidad, hasta finales del 2017 sólo se habían cumplido 150 de los 266 compromisos que el Presidente firmó ante notario público durante su campaña en el 2012.
Los pendientes fueron principalmente en obras de infraestructura y la recuperación de la seguridad pública en las ciudades que registran niveles de violencia sin precedentes, como Juchitán, Tuxtepec y en la capital.
Durante su campaña, Peña Nieto se propuso que de llegar a la Presidencia de la República realizaría proyectos relativos a infraestructura, salud, educación, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico, entre otros rubros, sin embargo, las obras no aterrizaron en Oaxaca.
Tampoco se atendió la exigencia de contar con funcionarios de tiempo completo, que dejen la política electoral a los partidos y candidatos, o en congruencia que dejen ya sus encargos.
Por el contrario, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, es el rubro en el que menos se centró el gobierno con apenas dos proyectos, de los cuales uno se cumplió y el otro está pendiente.
El compromiso era que el Presidente de la República y los mandos superiores del Gobierno Federal hicieran pública su declaración patrimonial de manera anual, proyecto que estaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública. El que aparece como cumplido es el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque esté no está concluido del todo, pues no cuenta con titular, ni se ha implementado en todos los estados del país.
Tragedia de indígenas mixes
Una verdadera tragedia viven los indígenas originarios de la agencia municipal de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixe, quienes desde hace 20 meses fueron desplazados de su comunidad por un conflicto agrario.
Instalados en la cabecera municipal, han denunciado que sus vecinos de San Pedro Ocotepec les han robado las pertenencias en sus hogares abandonados, en tanto que los animales domésticos y ganado vacuno se los comieron o vendieron.
Desde el amanecer del 7 de enero de 2017 salieron de su comunidad, luego de sufrir un ataque armado un día antes, que causó muertos y heridos.
El añejo conflicto agrario entre las cabeceras municipales de San Juan Juquila Mixes y sus vecinos de San Pedro Ocotepec, data del 22 de septiembre de 1975, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA), por Resolución Presidencial ordenó la dotación de 47, 977 28 89 hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixes, del distrito de Yautepec.
Esta acción generó la inconformidad de los comuneros y pobladores de San Pedro Ocotepec que tienen 42 años buscando que el Tribunal Unitario Agrario (TUA), les conceda la categoría de Núcleo Agrario Independiente.
El conflicto se acrecentó luego de que un grupo de habitantes de la agencia Guadalupe Victoria tuvieran la intención de agregarse a San Pedro Ocotepec, mientras que más de la mitad decidieron seguir perteneciendo a San Juan Juquila Mixes.
Lo que empezó como un enfrentamiento verbal terminó a balazos, provocando que una parte de la población huyera a su cabecera municipal San Juan Juquila Mixes, en tanto que otros buscaron y tuvieron el apoyo del municipio de San Pedro Ocotepec.
Los habitantes han solicitado la intervención de la Secretaría General de Gobierno como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pero aseguran que esta última instancia no toma con seriedad el problema, pues los desplazados y los que despojaron, pueden enfrentarse en cualquier momento para resolver lo que está padeciendo cientos de familias obligadas a dejar el patrimonio familiar.
