No es casual. Cada quinto año de gobierno y cada fin de año, grupos y organizaciones sociales que han pervivido de la limosna oficial enloquecen. Y en ese trance, bloquean calles, cruceros y carreteras; secuestran a funcionarios y empleados; bloquean construcciones y otros excesos. ¿Motivo o razón? Sus dirigentes, con la bandera que se les ocurra, tratan de chantajear a los funcionarios estatales para que les autoricen recursos para un sinfín de supuestos programas. Es tal su necesidad y urgencia que son capaces de incurrir en los peores excesos. El pasado martes, el llamado Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), que en tiempos pasados cometió una serie de atropellos en la Cuenca del Papaloapan, montó bloqueos desde muy temprano y sus militantes marcharon a Ciudad Administrativa, para exigirle a la Fiscalía General del Estado (FGEO), nombres e investigación sobre los móviles y asesinos intelectuales de quien fuera su dirigente, Catarino Torres Pereda. Dicho crimen ocurrió hace al menos una década, pero lo reviven a cada momento como el caso de un mártir, cuya memoria sirve ahora, para amenazar y chantajear.
Aunque se encuentra en un impasse, no tarda en que brinque de nuevo la protesta del Frente Popular Revolucionario (FPR), esa organización violenta y radical, que ha seguido al pie de la letra las enseñanzas de su guía moral, Germán Mendoza Nube, ex guerrillero y maestro que se formó en la Escuela Normal Rural de “El Mexhe”, Hidalgo. A fines de agosto de 2020, en la población de Ánimas Trujano, su dirigente regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tomás José Martínez Pinacho fue asesinado, cuando se encontraba cenando junto con uno de sus asistentes. En tiempo breve, la FGEO les echó el guante a los autores materiales del crimen. Ambos están vinculados a proceso. Sin embargo, para los titiriteros del FPR, hay que dar con los autores intelectuales y con esa bandera, siguen exigiendo una y mil demandas, comn las que mantienen una permanente protesta y movilización.
Como lo comentamos hace unos días, el titular de la dependencia que rige la política interna, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), Francisco García López, consciente de todo ello afirmó que la movilización reciente sólo se explica por la urgencia de recursos. Todas -dijo- quieren dinero. ¿Cuál es pues la alternativa, cuando al gobierno estatal le redujeron más de 1 mil 300 millones en el Presupuesto 2021, que proviene del gobierno federal? La razón es simple. No darles más, para mantener a esta casta de vividores.
Enfilados al “Año de Hidalgo”
No estuvieron errados aquellos observadores de la realidad política de México y, particularmente de Oaxaca, que califican al último año de gobierno como “El año de Hidalgo”. Ello como antecedente a una frase clásica en el sistema político mexicano, con el complemento de que “es un maje el que deje algo”, para cuadrar la rima. En efecto, justo cuando apenas va a terminar el quinto año de administración e inicia el sexto, se da una rebatinga interna. Hay jaloneos, escarceos y hasta una utilización perversa de redes sociales para exhibir a quien no le entra al negocio. El saqueo de las arcas estatales se da por parte de aquellos que tienen injerencia en el manejo de obras, del presupuesto, etc. Muchas veces con la anuencia discreta de quien manda. En el gobierno de Heladio Ramírez López (1986-1992), fueron los llamados “Extraditables”, quienes se llenaron los bolsillos, con una impunidad ominosa.
Los siguientes gobiernos estatales no fueron la excepción. Sin embargo, quien se llevó las palmas fue el régimen de Ulises Ruiz, con un saqueo estimado al menos 14 mil millones de pesos. El siguiente, que encabezó Gabino Cué, que inició con la promesa de llevar a prisión a 32 presuntos corruptos del gobierno anterior, resultó peor que todos los antecesores. El quebranto al presupuesto fue brutal. La administración de Murat Hinojosa recibió deudas y crisis financiera en el orden de los 29 mil millones. El Sector Salud es el mejor ejemplo de impunidad y los coletazos que hoy vive, son resultado de los excesos del pasado. Pese a ello, en el actual régimen, los funcionarios tampoco han sido un dechado de virtudes, sobre todo aquellos que fueron traídos de fuera y han visto a los oaxaqueños con el rabillo del ojo.
Los medios de comunicación debemos estar atentos a estas prácticas perniciosas de corrupción. Es necesario vigilar de cerca, con los instrumentos que nos ponen en las manos los organismos de transparencia, para evitar que Oaxaca sea una vez más, víctima del saqueo. En el fondo de las vendettas al interior del gabinete estatal está, sin duda alguna, el propósito insano de robar del erario a un pueblo como Oaxaca, con tantas necesidades y rezago. Habrá que observar de cerca los desencuentros, las descalificaciones vía redes sociales o el cobro de facturas, de ciertos funcionarios, puestos en la mira de los foráneos, llamados yupies, para darnos cuenta de que el saqueo está en curso.
