15 muertos a dos meses exactos de conocerse el resultado de los comicios presidenciales y del más grande proceso electoral jamás celebrado en México, no son suficientes para alterar la paz de los mismos.
Eso cuando han pasado seis meses de que se inició el año electoral y a poco más de un mes del principio de las campañas, por lo que no se descarta la posibilidad de que el número de muertos aumente.
Pero también se tienen decenas de denuncias de heridos por causas relacionadas con los comicios en contra de aspirantes y múltiples amenazas que amedrentan a prospectos para competir.
Se puede añadir a ellos a las docenas de personas asesinadas y secuestradas, sin relación directa con los comicios, aunque nunca se sabe que hay de fondo, por la falta de investigación y de resultados por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Sin embargo, para el Presidente, eso no cuenta y pronostica que el proceso electoral será desarrollado de manera pacífica y terso.
Tal vez el Presidente López Obrador confía en que ahora sí los delincuentes le harán caso y se darán abrazos y no balazos, aunque la realidad nos muestra que las organizaciones delincuenciales aprovechan los comicios y el cambio de autoridad para negociar territorios, disputar otros con las bandas rivales y cooptar a las autoridades que habrán de llegar.
Al final de esta lucha subyace el fondo del asunto, el crecimiento de unos grupos criminales y la reducción de los espacios para los adversarios, sin que desde el gobierno se vea con esa óptica y se trate de frenar la violencia.
Los comicios del dos de junio conllevan la elección de nueve nuevos gobernadores, además del Presidente de la República, de los que cinco de ellos se encuentran considerados como de alto riesgo, por la presencia de los grupos criminales y dentro del rango de los más violentos.
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Veracruz, entran en la órbita de los dominios de los grupos delincuenciales. En algunos de ellos se encuentran asentados varios grupos criminales, con zonas de gran densidad en disputa y en otros la violencia es una constante, a pesar de que el territorio se encuentra dominado por una sola fracción.
Hasta ahora los políticos muertos se contabilizan en ellos, las amenazas y las peticiones de otorgar seguridad se multiplican, sin que eso logre apaciguar a los criminales.
Chiapas es un polvorín donde el inepto gobernador Rutilio Cruz Escandón ya no tiene siquiera la protección de su cuñado el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López.
Morelos, con un gobernador (Cuauhtémoc Blanco) presto a ausentarse dos meses para aprovechar su nominación como diputado plurinominal, mientras su entidad sigue aterrorizada por la delincuencia que, algunos, aseguran se protege desde el propio gobierno.
Guanajuato, catalogado como uno de los tres estados más violentos del país, en el que hace tres años asesinaron a una candidata a alcaldesa de MC y ahora a otra nominada como aspirante a otra alcaldía, esta de Morena.
Jalisco, entidad en la que se asienta el CJNG, uno de los grupos criminales con mayor representatividad en el país.
Veracruz, con un gobernador no solamente inepto, sino alejado de las cuestiones de gobierno y sumamente teflón.
De esos cinco gobiernos que habrán de tener nuevas autoridades a partir de la decisión ciudadana del dos de junio, tres son gobernados por Morena, uno más por MC y el restante por el PAN. Veremos cómo responde la ciudadanía a la búsqueda del voto y si los electores deciden que son gobiernos fallidos y optan por el cambio de siglas.
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El aspirante opositor en Veracruz, José Francisco Yunes, decidió presentar una denuncia en contra de su adversaria Rocío Nahle por enriquecimiento ilícito, debido a la cantidad de propiedades que se le han descubierto en poco tiempo y a contratos que beneficiaron a cercanos a su entorno en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
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