Sinaloa se encuentra bajo la observación nacional, pero no solamente por el imperio montado por la delincuencia organizada en la entidad, sino por la serie de sucesos que se viene suscitando en el estado.
Mientras el gobierno estatal fue tolerante con los grupos delincuenciales y la autoridad federal es incapaz de contenerlos y el volumen de muertos aumenta, las autoridades locales actúan con el código macartista de proceder en contra de los opositores.
Hasta ahora no existe comprobación de que el gobernador estaba fuera de territorio nacional cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén, ni tampoco se ha girado una orden de presentación en contra de la fiscal anterior, Sara Bruna Quiñonez ,quien validó el montaje del supuesto sitio en que fue asesinado el también diputado federal electo.
Así vemos también cómo una serie de personajes son cobijados por las leyes locales y no son tocados en lo más mínimo, ya que pertenecen al reinante partido en el poder.
Uno de esos personajes es el hoy senador Enrique Inzunza, quien ha venido siendo señalado por una juez, Ana Karina Aragón, de acoso sexual y hostigamiento durante su paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Esa denuncia fue aprovechada por la presidenta estatal del PRI, la hoy diputada local Paola Gárate para exigir se actuara en contra del ya para entonces secretario de Gobierno del estado de Sinaloa.
Los señalamientos de acoso se basaron en lo publicado por los medios de comunicación del estado y en los dichos de la jueza Ana Karina Aragón, lo que enfureció a Insunza quien respondió con una denuncia en contra de la priista, cuya resolución se dio hace algunos días.
Inzunza presentó una denuncia de procedimiento especial sancionador en materia electoral, ante la Sala Regional Especializada del TEPJF en la CDMX.
Mediante la resolución se obliga a la diputada local con medidas cautelares, a bajar de sus redes, las del partido y demás sitios de publicación todo lo señalado por la priista en torno al supuesto acosador.
Lo curioso de esto es que la respuesta de los juzgados fue fast track, una vez terminadas las campañas políticas.
Sin embargo, la diputada está siendo víctima de acoso por parte de las autoridades estatales, las que alientan a militantes menores del tricolor, para exigir la renuncia de la exdiputada federal.
Pero no solo, sin conocer a fondo la sanción, la diputada Gárate ya fue cuestionada por el Instituto Electoral, para que, de parte de su situación fiscal y declaraciones anuales, para fijar el monto de la multa, de la que no ha sido informada.
La diputada local hace un extrañamiento del por qué en el Congreso de Sinaloa sus participaciones en los debates son interrumpidas por la presidencia de la Cámara, lo que no se hace con ningún otro legislador.
Y es que no solamente provocan temor los delincuentes que tienen sitiado a Sinaloa, sino también las autoridades locales que tratan de frenar por todas las rutas posibles a los pocos opositores que quedan en esa entidad.
Eso sí, Rubén Rocha Moya está preparando el terreno, para que, en el caso de ser relevado, procurar que sea el actual senador de mayoría, Enrique Insunza, el que ocupe ese cargo de forma interina y concluya con su gestión.
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19 delincuentes murieron en Sinaloa, durante una acción de enfrentamiento con la Guardia Nacional y el Ejército, suceso en el que los militares salieron indemnes. También en Sinaloa se presentó un hecho vergonzoso, donde miembros de la Guardia Nacional, disparan en contra de un joven que conducía una camioneta, dejándolo herido y luego presentarlo como delincuente, aunque no contaban con videos que delatan la verdad del asunto y la impunidad con que se manejan estos sujetos.
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