Diversos autores no logran consenso respecto al momento en el cual se inició el uso de los términos derecha e izquierda en política, sin embargo, afirman que fue en 1789, año en el que se suscitó la Revolución Francesa.
Fue Honoré Gabriel Riquetti, Conde de Mirabeu, quien afirmó que el uso de los términos derecha e izquierda fue para darle “geografía” a la recién conformada Asamblea Nacional. A la izquierda del presidente estarían los adeptos de una nueva constitución y del veto nulo del Rey, el cual no podría modificar las decisiones de la Asamblea. En el centro se ubicaron los moderados, quienes no tenían opiniones definidas en torno a la actuación del Rey, y, a la derecha, se ubicaron quienes estaban a favor de que el Rey pudiera vetar las decisiones de la Asamblea.
En México, la izquierda ha estado vinculada a concepciones marxistas, anarcosindicalistas con lazos troskistas y estalinistas que dieron paso a movimientos magonistas, cardenistas, zapatistas y lombardistas. Los pensamientos maoístas y guevaristas dieron paso a las guerrillas rurales y urbanas para después dar paso al EZLN y al EPR, figuras que finalmente se insertaron en este nuevo siglo a través de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
En muchos de estos episodios de la izquierda en México, un actor esencial con papel de antagónico han sido las Fuerzas Armadas, cuyo desempeño histórico ha sido trigarante, imperial, nacional, liberal, federal, revolucionario, constitucionalista y convencionalista. Fue el presidente Lázaro Cárdenas, penúltimo militar al frente de la presidencia, quien en 1937 estableció las misiones y funciones del Ejército Mexicano para defender la integridad y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
De acuerdo a la historia del Ejército Nacional, a partir de 1965, se integró el Plan DN-IIIE, el cual es identificado como un plan de auxilio a la población civil que fue puesto en marcha el siguiente año para enfrentar los efectos que había generado el huracán “Inés” en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Los resultados de esa incursión fueron positivos, por ello, el Ejército se ha ganado el respeto generalizado, ya que se ha convertido en una figura clave que atiende los efectos adversos ocasionados por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y químico-tecnológicos en nuestro país y en misiones solidarias de carácter internacional.
Sin embargo, al perder el PRI la elección presidencial en el año 2000, el gobierno de Vicente Fox, integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), cuyo propósito fue conocer la verdad sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos producto del desarrollo e implementación de políticas represivas sistemáticas por servidores públicos del gobierno de México durante tres décadas: sesenta, setenta y ochenta, las cuales corresponden a los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. El resultado de esas investigaciones se plasmó en el Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana, resultando 532 indiciados y el único expresidente que tuvo responsabilidad penal fue Luis Echeverría, quien fue exonerado en 2009.
El informe describe acciones y hechos ocurridos en la etapa conocida como “Guerra Sucia” y cuál fue la participación que tuvo el Ejército, instancia que desempeñó tareas de sustitución de las policías, derivadas de instrucciones políticas con el objetivo de dirimir asuntos internos y contener delitos. En muchas ocasiones, el Ejército fue requerido por gobernadores para resolver conflictos sociales en los cuales había la participación de intereses económicos principalmente. Con Luis Echeverría al frente de la presidencia, desarrolló estrategias de contrainsurgencia, cercando a la población y asediando a la guerrilla. El informe asienta que existieron ilegalidades sistemáticas.
El Ejército durante muchos gobiernos, incluidos los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, solicitó un marco jurídico que defendiera su actuación frente a las instrucciones que recibía de los mandos civiles, pero esta petición siempre fue controvertida derivado de la continua resistencia de los partidos de izquierda que se sentían agraviados por hechos ocurridos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente, lugares en los que desaparecieron o fueron torturados militantes de sus expresiones ideológicas.
Finalmente, esta semana fue aprobado en el Senado de la República, con los votos de Morena, PRI, PT, PRD, PVEM y PES, el decreto que reforma la Constitución para que el presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y distribución territorial. Con este hecho, la izquierda histórica ha quedado enfrentada a la neo izquierda.
