Verdaderamente dramático, y si no fuera trágico, sería cómico, el tiempo que duró la vigencia de la ley para la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que propuso el poder ejecutivo. El juez segundo de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, juez de Derecho Administrativo, sin poca, ni más vergüenza, lleno de alegría y sin duda de dinero, aprovechando el estado de derecho que vivimos invalidó meses de trabajo de diputados, senadores y del ejecutivo para modificar las condiciones que habían diseñado Enrique Peña para la devolución a las manos particulares de los energéticos del país.
El gobierno de Peña Nieto se propuso como uno de sus objetivos de gobierno privatizar los bienes nacionales del país y terminar la tarea de entregar PEMEX y CFE a los particulares. Desde que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y don Adolfo López Mateos nacionalizó la electricidad, los representantes de las siete hermanas petroleras y de las compañías de electricidad del mundo habían planeado y trabajado para que los bienes del pueblo de México regresaran a manos de particulares. Don Adolfo López Mateos, un presidente nacionalista, advirtió al hacer entrega de las instalaciones eléctricas al pueblo de México durante su gobierno, hay que estar alertas porque existía la posibilidad de que malos gobernantes mexicanos quieran entregar nuevamente la electricidad a manos de particulares.
Con la llegada de los neoliberales y del gobierno del PAN de Felipe Calderón y del PRI de Enrique Peña Nieto, apoyados por el PRD y otros partidos menores, se unieron en un mal llamado Pacto por México y lo convirtieron en un Pacto contra México. Entre abrazos, la compra de voluntades políticas de los dirigentes y representantes de los partidos políticos en las cámaras, campañas de prensa millonarias para engañar al pueblo, votaron una de las leyes más entreguistas y vergonzosas de que se tenga memoria. En ella se autorizaba a vender pedazos de patrimonio y establecer contratos que le regalaran los energéticos a un grupo de empresarios extranjeros que han detentado los recursos petroleros y energéticos del mundo
La indignación del presidente de la República y de millones de mexicanos inició un proceso para terminar con esa ley antinacional, en esta semana salió a las calles una vez más, porque una pequeña minoría mediante argucias legales trata de invalidar la voluntad popular y las decisiones gubernamentales para evitar el saqueo de nuestro patrimonio. El asunto huele mal desde el principio, por una parte, se opone a una política de honestidad pública que busca recuperar y modificar las leyes que permiten el saqueo del patrimonio nacional, por otra, el juez concedió la suspensión sin petición de parte a favor de las empresas Eliatec del Pacifico y Fuerza y Energía de Tuxpan. Concedió una suspensión a quien no la había solicitado y dictó una suspensión definitiva instruyendo a la Secretaría de Energía que quedan sin efecto las medidas propuestas en dicha ley. Ley que buscaba devolver al pueblo lo robado y evitar que lo sigan robando.
Estos hechos tienen diversas lecturas, por una parte, muestra que vivimos un estado de derecho y que se respeta la división de poderes, por otra que los enemigos de AMLO están dispuestos a llevar adelante su contrarreforma a la cuatro T hasta donde tope, por otra, que el poder judicial es una de las áreas donde se mantienen algunos de los personajes más siniestros de la vida política, es un poder conservador y lleno de triquiñuelas.
Hace algunos años en una reunión de magistrados con Jesús Reyes Heroles, le comentaron que una ley estaba redactada en tal forma que se podía aplicar en dos o más sentidos, aun cuando ambos se contradecían, don Jesús que era una “Chucha cuerera” agregó, claro, de eso se trata, de aplicarla siempre a nuestra conveniencia.
El poder judicial desde que tengo memoria tiene una mala fama de corrupción. Se venden las sentencias, se compran las condenas, se prestan los amparos. En las cárceles solo están los pobres. En el caso de los temas penales la corrupción empieza desde la clasificación de lesiones por los médicos legistas, siguen los que califican los daños y le otorgan a uno la libertad o la detención. Es una de las asignaturas pendientes que tiene el pueblo de México, porque amparados en la libertad del juzgador, se vive en un estado de chueco, no de derecho. Ahí está el caso de Rosario Robles, que seguramente debe muchas, pero por las que la acusan ya debería de estar en libertad.
López Obrador ha dicho que llevará a cabo una reforma constitucional si es necesario para sacar adelante la defensa de los energéticos e impedir el saqueo del patrimonio nacional. En estos momentos esa reforma tendría que hacerse después de realizar negociaciones en las cámaras para obtener la mayoría de tres cuartas parte que deben de votar, lo mismo pasa con el ámbito internacional los tratados tendrán que ser negociados en los tribunales internacionales ya que por el principio denominado “raatchet” prohíbe que una vez que un sector de la economía ha sido liberado se retorne a su estado original.
Las últimas encuestas de Roy Campos, afirma que AMLO tiene un 7.5 por ciento de la población a su favor en este asunto y que la población le cree sus argumentos y lo apoya. La Suprema Corte solo cuenta con un 6,7 por ciento de credibilidad y las manifestaciones en su contra ya están en la puerta de su edificio central. La razón es muy sencilla el pueblo está convencido que AMLO gobierna a su favor.
No hay que perder de vista este asunto, se juegan muchas cosas, de principios y de dineros del pueblo.
