Mientras en las “mañaneras” del gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pierde oportunidad para arremeter en contra de medios impresos y periodistas críticos a su lamentable gestión, en el interior del país se siguen acumulando los atentados en contra de comunicadores. El pasado 31 de julio, un periódico, “El Monitor de Parral”, en el estado de Chihuahua, sufrió un atentado en sus instalaciones, similar a la que hace un par de años padeció “El Mañana de Nuevo Laredo”: sujetos desconocidos lanzaron objetos que al estallar dañaron las instalaciones. Por fortuna en el primer caso no hubo desgracias personales qué lamentar, pero obviamente tuvo repercusiones: el diario suspendió de manera definitiva su versión impresa y anunció cambio en su página digital. Sorprende que ante ello no exista una postura enérgica del gobierno federal, sino simples argumentos vagos y sosos, que en nada contribuyen a fortalecer lo que tanto se cacarea en los discursos oficiales: el respeto a la libre expresión que, por supuesto, es una ficción. En torno al clima de libertades, hay que decirlo, vivimos los peores momentos en el país.
Hace un par de semanas, las redes sociales dieron cuenta del diálogo ríspido entre un reportero del semanario “Proceso” y el presidente López Obrador, quien señaló que dicho medio no apoyó “el proceso de transformación” y por tanto, lo ha llenado de calificativos. Hubo voces críticas que se lanzaron en contra de la arbitraria postura presidencial, bajo la premisa de que no es labor de los periodistas fungir como ventrílocuos de los discursos presidenciales. En este entorno de censura y descalificación, la semana anterior fueron asesinados tres periodistas: dos en el estado de Guerrero y otro más en Actopan, Veracruz. Ello implica que si el gobierno neoliberal se distinguió por su numeroso catálogo de crímenes en contra de periodistas, el llamado gobierno de la Cuarta Transformación no se queda atrás. Al menos la “mafia del poder” asumía sin aspavientos la crítica, a un supuesto populismo que está resultando peor que el régimen más autoritario. Diversos organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han exigido al gobierno mexicano esclarecer esos crímenes y garantizar la libertar de prensa y el periodismo independiente.
Injerencia ominosa
Ya es común en nuestro estado que cada que revienta un conflicto social al interior o en el entorno de las comunidades, siempre hay una mano que mece la cuna. Es decir, la injerencia ominosa de funcionarios o actores políticos de dentro o de fuera, que atizan los odios y el resentimiento. Hay algunos señalados de manipular a ciertas comunidades para seguir con los conflictos agrarios y éstos nunca se resuelvan. De ser el caso, ellos pierden la interlocución con el gobierno, al cual chantajean a placer. Lo anterior refleja la perversidad de quienes a riesgo de enfrentamientos mortales, sólo buscan el beneficio económico. Ello ha ocurrido en los conflictos como el que libran Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila; San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán; Albarradas y Roaguía; San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama; Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, entre otros muchos. Sin embargo, la oriundez de algunos actores también genera problemas. Las mujeres retenidas hace unos días en Santa María Alotepec, Mixe, por no prestar los trastes de la cocina comunitaria al gobierno municipal, señalaron al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ordenar su privación de la libertad.
Y es posible que nos les haga falta razón. Desde hace mucho tiempo, a través de su organización no gubernamental, “Servicios del Pueblo Mixe, A.C.” (SER), el aludido funcionario ha sido señalado –así lo han manifestado las comunidades involucradas- en conflictos como alguno de los señalados líneas arriba y otros latentes, como es el que libran Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, que no termina de resolverse, no obstante los buenos oficios de la Secretaría General de Gobierno y de los propios involucrados, justamente por esa injerencia ominosa de los que mueven los hilos. Es una aberración que por un lado salgan con el desgastado discurso de “nosotros los pobres indígenas” y, por otro lado, estén caldeando los ánimos para enfrentar a pueblos hermanos o inclusive, creando un ambiente negativo en las mismas comunidades de las que son originarios, como es el caso del funcionario aludido, oriundo de Alotepec. Los medios de comunicación que hacemos causa común con nuestra sociedad y nuestros grupos étnicos, emanados de nuestros pueblos originarios, debemos señalar esas acciones y denunciar a los que de mala fe confrontan a los pueblos.
