(Primera parte)
El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), establece un marco jurídico para promover el comercio y la inversión entre los tres países. Uno de los pilares del T-MEC es la certeza y seguridad jurídica, especialmente en lo que respecta a la protección de inversiones extranjeras, la resolución de controversias y el respeto al Estado de derecho. Sin embargo, la reciente reforma judicial en México, que prioriza la designación de jueces jóvenes e inexpertos, genera incertidumbre y afectar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el T-MEC.
La seguridad jurídica es fundamental para garantizar la aplicación uniforme y predecible de la ley, algo que el T-MEC busca proteger a través de varios mecanismos, como el Capítulo 14 sobre Inversiones y el Capítulo 31 sobre Solución de Controversias. Estos capítulos requieren que los tres países proporcionen un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros, protejan contra la expropiación indebida, y aseguren que las disputas sean manejadas de manera justa e imparcial. La imposición de jueces inexpertos podría socavar la confianza en la imparcialidad y competencia del sistema judicial mexicano, lo que, a su vez, afecta la percepción de México como un destino seguro para las inversiones.
Además, la percepción de que “la justicia cualquier abogado la puede impartir” envía un mensaje negativo sobre el compromiso de México con el Estado de derecho, un principio fundamental del T-MEC. Este tipo de reformas puede interpretarse como una señal de debilitamiento institucional, lo cual puede ser visto como una violación implícita del artículo 14.4 del T-MEC que exige a los Estados asegurar un entorno de negocios transparente y predecible. Cualquier duda sobre la capacidad del sistema judicial para manejar disputas de manera justa y competente puede llevar a un incremento de disputas comerciales y de inversión bajo el Capítulo 31, lo que incrementa los riesgos y costos para todas las partes involucradas.
A nivel práctico, esta situación puede resultar en la desincentivación de inversiones extranjeras. Si los inversionistas perciben que no hay un sistema legal robusto que proteja sus derechos o que el sistema judicial podría estar inclinado o no calificado para resolver disputas complejas, preferirán buscar mercados más estables y previsibles. Esto podría tener un impacto negativo en la economía mexicana, reduciendo el flujo de inversión extranjera directa (IED), el acceso a mercados, y la creación de empleos.
En última instancia, la falta de seguridad jurídica derivada de la reforma judicial en México puede interpretarse como una amenaza al cumplimiento de las disposiciones del T-MEC, exponiendo a México a posibles controversias y sanciones por parte de sus socios comerciales. Para evitar estos riesgos, es crucial que México reevalúe las reformas que comprometen la imparcialidad, competencia y credibilidad de su sistema judicial.
