Por lo visto, la moda de la Cuarta Transformación y sus seguidores en las entidades del país es culpar de todos los males al pasado. Es la lección que se ha puesto de moda en las conferencias de prensa mañaneras, encabezadas por el presidente López Obrador que, a cuatro años de haber asumido tan importante cargo, sigue echando la cinta atrás y responsabilizando a sus adversarios, neoliberales o conservadores de la inseguridad, de las organizaciones sociales, del fracaso de sus iniciativas de ley y de que el país parezca cada vez hacer agua, ante las políticas erráticas en diversos rubros. Por lo visto pues, amén de las denuncias que ha hecho el ejecutivo estatal respecto a obras malhechas, a medias o deudas millonarias que dejó la administración anterior, hay otras que esta administración debe tener claro que no son del régimen pasado, sino que llevan muchos años latentes, como es el caso de los conflictos agrarios.
Por ello, llama la atención la declaración del titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Romero López, al afirmar en entrevista la semana pasada, en el sentido de que le dejaron al menos 100 conflictos de esa naturaleza. Quien conoce la historia política y social de la entidad, sabe que los problemas de límites o disputa por tierras en Oaxaca, ha abonado éstas con sangre. Nuestra identidad multiétnica no se explica sin entender el arraigo que tiene nuestra gente por la tierra. Puede que ésta sea improductiva o un erial en el que no crecen más que los arbustos, órganos y demás especies, pero es su tierra y nadie le disputa ni un centímetro. Sólo en el sexenio pasado, la muerte por conflictos agrarios o añejas disputas tuvieron como saldo decenas de muertos y heridos. Es más, uno de ello, el que libran Sola de Vega y San Vicente Coatlán, impidió la terminación de la carretera a la Costa.
A qué pues sentirse sorprendidos o culpar al pasado de no haber resuelto el tema de los problemas agrarios, a sabiendas de que, si bien compete al ejecutivo buscar alternativas de paz y conciliación, está fuera de su competencia la solución legal de los mismos que están en la cancha de los órganos jurisdiccionales agrarios. Hay que entender que todo gobierno que se estrena debe estar consciente de que Oaxaca es como una eterna comisaría. Quien no lo entienda así, peca de ingenuidad o de ignorancia. Además, no hay que pensar que la tarea que les encomendó el voto popular ya la tenían hecha y creer que el cargo es sólo sentarse en el mullido sillón de su oficina.
Preocupante panorama
Este inicio de sexenio ha sido particularmente violento en la entidad. Se estima que en la primera semana de diciembre se cometieron entre 15 y 17 ejecuciones. La violencia criminal se ha focalizado en estos días en lugares como San Pedro Pochutla, tierra que gobernó como alcaldesa, la hoy titular de la Secretaría de Turismo, Saymi Pineda Velasco. Sólo en un día se registraron tres ejecuciones. Otra de las cabeceras municipales que, casualmente gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es la ciudad y puerto de Salina Cruz, en donde se han dado en los últimos días, al menos seis homicidios dolosos, a través de ejecuciones. Taxistas o personajes vinculados a hechos delictivos han sido las víctimas. Si en el pasado gobierno mucho criticamos la insistente mención de que Oaxaca era de las ocho entidades más seguras del país, sin duda alguna, con este mapa criminal dicha tesis es menos sostenible.
Precisamente en columnas y notas hemos insistido en que más que llevar estadísticas alegres, lo que deben hacer los funcionarios que fueron designados como responsables de las tareas de seguridad, a saber, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez y la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Natalia Karina Barón Ortiz, es responder al reto de acotar las acciones criminales y dar certidumbre a la ciudadanía. Tenemos claro que, ante un panorama nacional en donde prevalece la torpe política de “abrazos no balazos”, poco pueden hacer para mantener la paz plena, cuando se sabe por diversos medios, que las operaciones de al menos siete grupos delictivos mantienen presencia en la entidad.
Lo cierto es que ese ambiente de inseguridad ha contaminado también uno de los proyectos emblemáticos de la presidencia de la República, como es el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Según fuentes enteradas del tema de seguridad, la idea de algunos de los cárteles criminales que se disputan la supremacía en el país, es tratar de controlar dicho proyecto estratégico con el cual quien se quede con la plaza podría manejar el flujo de elementos para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo, proveniente del mercado asiático. Lo que está ocurriendo en la entidad con tantas ejecuciones y homicidios dolosos debe verse bajo el prisma del reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada.
