El viernes 23 de diciembre, en el patio central del Palacio de Gobierno, se instaló la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui. Estuvo presidida por el gobernador Salomón Jara Cruz y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin duda, el tema de la pacificación en la zona triqui, sigue como una prioridad para los dos órdenes de gobierno. Y eso es bueno. Sin embargo, es importante reconocer que mesas de diálogo e intentos han fracasado en el pasado reciente. Existe el convencimiento tácito de que la violencia entre los grupos y facciones que controlan a dicha etnia, se ha convertido en el gran negocio de los dirigentes. Esto es: hay que administrarla, para tener una bandera y explotarla a placer. Crímenes, emboscadas, desapariciones sin castigo, han alentado la impunidad.
Cada instalación de una u otra mesa de diálogo, ocurre algún ilícito. Ya cayó un miembro del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) o de su adversario, el MULTI. Y las acusaciones mutuas a todo vapor. El famoso y fracasado retorno de los llamados desplazados a Tierra Blanca, Copala, se ha convertido en un disco rayado. Siempre hay un obstáculo para impedirlo. Sobre todo, un hecho criminal. De lo que nadie duda es de la capacidad de movilización y empecinamiento de dicha etnia. La condición indígena la han asumido con una patente de corso para ser intocables. Caminar al filo de la ley parece ser el complemento. Decenas y decenas de asesinatos y otros ilícitos se han quedado sin castigo. La pregunta es: ¿cuántos de los autores intelectuales o materiales de los crímenes en la zona triqui están en prisión? Estoy seguro que ninguno.
Bajo esa premisa, toda mesa de diálogo que no vaya acompañada del ejercicio simple y llano de la ley, será pura ficción. Son como los ya famosos acuerdos de paz, que sólo sirven para la foto. Pero tal parece que ello no lo han entendido en el nuevo gobierno. Los grupos triquis han bateado hasta el propósito del presidente de México, de ser testigo de posibles y abortados acuerdos de paz. Aplaudimos el propósito del ejecutivo estatal. Nada cambia en la prioridad que le dio su antecesor. Sin embargo, de seguir prevaleciendo el temor para aplicar la ley, podemos advertir que la citada mesa de diálogo volverá a ser un fracaso. El manotazo en la mesa ante los dirigentes debe ser un buen antídoto. Pero seguir con una política blandengue y timorata, no tarda en que volvamos a las mismas.
Urge mano firme
Cada inicio de nueva administración estatal, es un renovado desafío para la autoridad entrante. Tarea nada fácil mantener el eje fundamental del Estado de Derecho, la paz social y, sobre todo, la gobernabilidad. Alguien dijo hace mucho tiempo que Oaxaca es como una perpetua comisaría: conflictos, disputas y presión al gobierno. Y es que, en el tema de protestas y movilizaciones, nuestra entidad se cuece aparte. Hay quienes han nacido y crecido en la aberrante cultura del chantaje. Confundir la libertad de expresión con atropellos y violaciones a los derechos humanos, ya es deporte. La temporada decembrina no fue ajena a estas deplorables acciones. Por la detención de un guardia personal del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, los esbirros del Frente Popular Revolucionario –el FPR- cerraron la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, la semana pasada.
Lo palpamos en las fiestas de julio. Con todo dolo y mala fe, algunos dirigentes buscaron ablandar al gobierno golpeando la economía, en un atentado abierto en contra del turismo. Es decir, fustigar una de nuestras únicas industrias, de las que viven miles de familias oaxaqueñas. Sólo basta observar: esperan la temporada vacacional para golpear. En el pasado consolidaron dicha cultura, ante el miedo de los gobiernos para actuar. Espero que esa política no continúe. Hace unos días, el gobierno de Salomón Jara difundió un documento en el que reitera su política de diálogo y apertura para resolver demandas y conflictos. Y hace un llamado para actuar en el marco de la ley. Con certeza, a muchos dirigentes del amplio directorio de grupos y organizaciones sociales, dicho mensaje les entró por un oído y salió por el otro.
Es muy prematuro, a un mes del inicio de esta administración, saber cuál será la política que emprenda para el tratamiento con esta epidemia de chantaje y presión. Lo que sí es prudente recordarles a los nuevos huéspedes del poder ejecutivo, es el hartazgo ciudadano ante los bloqueos carreteros, el cierre de vialidades y oficinas y esa aberrante complacencia ante aquellos que, en su afán de seguir medrando de los recursos públicos. El diálogo como política de gobierno es el mejor instrumento para conciliar, escuchar y resolver. Pero cuando no hay interlocución y se privilegian los intereses particulares, afectando los derechos de terceros, lo único que queda es la aplicación de una mano firme. El Estado moderno y su representante, el gobierno, no se justifican sin el uso de la fuerza.
