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Una “papa caliente” tiene entre manos el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, tras conocerse públicamente una presunta red de que trafica carros robados al interior de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Si bien se abrieron dos expedientes internos después de que un video viral mostró circulando un vehículo particular previamente reportado como robado y asegurado, en medio de una denuncia ciudadana, tal suceso erosiona la confianza entre la ciudadanía con esa dependencia.
De acuerdo con esa denuncia, los vehículos retenidos bajo el argumento de contar con reporte de robo fueron sustraídos posteriormente de corralones no oficiales y trasladados a domicilios clandestinos. La desconfianza de la ciudadanía hacia la Fiscalía General es un fenómeno estructural complejo que se nutre tanto de deficiencias operativas internas como de la percepción de impunidad en casos de alto impacto.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejados en análisis sectoriales, la confianza ciudadana en la Fiscalía estatal ronda apenas el 65%, una cifra notablemente inferior a la de corporaciones federales. El déficit crónico de Ministerios Públicos (MPs), peritos y policías de investigación provoca que las denuncias se acumulen, alargando los tiempos de espera. Además, el trámite burocrático lento, sumado a las largas jornadas para levantar un acta, provoca que la mayoría de los delitos menores ni siquiera se denuncien, alimentando la percepción de que “denunciar no sirve de nada”.
La crisis de credibilidad se agudiza de forma crítica cuando se trata de la investigación de delitos contra las mujeres y defensores de derechos humanos. La corrupción percibida dentro de las agencias del Ministerio Público es un componente histórico de la desconfianza. El temor de los ciudadanos a ser extorsionados o a que las carpetas de investigación sean “congeladas” o extraviadas deliberadamente debilita el tejido social.
… A VUELO DE PÁJARO
En el marco del II Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dos realidades, un mismo reto. Reflexiones sobre la implementación, disparidad entre entidades federativas, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Érika María Rodríguez Rodríguez afirmó que Oaxaca ha decidido anticiparse a los retos que implica la reforma y no se va a detener, continuará impulsando acciones de capacitación y preparación gradual para que la entidad llegue en condiciones óptimas a la entrada en vigor del Código.
Retos
En este escenario, Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación, reconoció que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos, no solo por la compleja orografía, sino porque las personas y comunidades indígenas demanda redoblar esfuerzo para caminar de la mano con nuestros pueblos originarios y llevar la agilidad y humanización que el Código promete a todos los rincones de nuestro estado. Así como el rezago estructural y tecnológico existente y la ausencia de una partida presupuestal para la inversión necesaria.
A revisión
Tras sostener que la libertad sindical no es una licencia para delinquir ni para obligar a la gente a marchar bajo amenazas, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, anunció una auditoría jurídica inmediata junto a la Consejería Jurídica, las autoridades laborales y el SAT para revisar a fondo el estatus legal de los sindicatos de transporte, construcción y comercio. Si se dicen sindicatos, tendrán que operar bajo la ley y pagar impuestos, pues la época en la que hacían lo que querían amparados en el chantaje social se terminó, sentenció.
Aparecidos
Emisarios del pasado reaparecen en redes sociales tratando de acaparar la atención de los electores quienes ya advirtieron que buscan hacer vigente aquella frase que evoca perfectamente una de las máximas más célebres y cínicas de la política mexicana del siglo XX: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. En el apogeo del sistema de partido hegemónico, el presupuesto público no era solo dinero para obras; era el oxígeno de la clase política. Estar “dentro” significaba estatus, fuero, recursos y vigencia. Salir de la nómina gubernamental o de las listas de candidatos no solo implicaba una pérdida económica; significaba el ostracismo absoluto, la muerte civil y política.
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