El problema de la inseguridad no es privativo de una sola entidad, sin embargo, las autoridades deben cumplir con su responsabilidad y evitar que la seguridad física y patrimonial de la población esté en riesgo. Ante la presencia delictiva en diversas regiones del estado, que inhiben las actividades económicas y comerciales, es necesario garantizar la seguridad, justicia, democracia y gobernabilidad.
Los ciudadanos necesitan de gobiernos estales y municipales preocupados por la seguridad, lo cual les permitirá ser más eficaces en el combate al crimen organizado y restablecer la paz. Deben contar con el apoyo y respaldo de todos los sectores de nuestra sociedad para hacer un frente común y combatir a la delincuencia, pues si bien actualmente se cuenta con instituciones transformadas y consolidadas, es momento de fortalecerlas para que gobierno y sociedad moldeen el país y el estado que todos queremos.
El gran reto de las autoridades es mejorar las condiciones de seguridad, ya que esta exigencia ha sido planteada en diversos foros por la iniciativa privada. De ahí la importancia de garantizar la paz social y también que la ciudadanía participe en las propuestas para contar con mejor seguridad pública y condiciones de bienestar.
Mientras mayor sea el número de voces y que los mismos ciudadanos, como afectados y actores de la sociedad, tengan una participación activa en la denuncia de situaciones irregularidades, habrá una mayor posibilidad de respuesta de parte de las autoridades.
Sin duda, fortalecer los programas que evitan que la delincuencia se infiltre en la sociedad ayudará mucho más a la seguridad de una comunidad, y a la sensación que tiene una comunidad. Y junto con ello observar los resultados a nivel de la población: ¿cuántas violaciones se han resuelto?, ¿cuántos asaltos a mano armada?, ¿cuántos secuestros?, y muchos más que agravian a los oaxaqueños.
De ahí el reto de las autoridades responsables de brindar seguridad, de atender todos los reclamos, pues el sector privado ya advirtió que el fenómeno delictivo se agudizó desde hace más de seis meses, ya que luego del desplome económico empezó a subir el número de robos, asaltos y otros delitos. Además de que el incremento de la delincuencia y el nivel de agresividad de los maleantes preocupan, al romper con la seguridad que todos anhelamos.
Atender escuelas
Mientras en diversas entidades del país prácticamente el 100 por ciento de los estudiantes de las escuelas dañadas por los sismos han regresado a clases, en nuestro estado solo hay actividades en el 97 por ciento, reubicaciones en otros planteles o en aulas provisionales. Si bien se inició la reconstrucción de escuelas con daños graves o totales, los trabajos son a cuenta gotas y con mínimos avances.
De acuerdo con los reportes proporcionados, 200 escuelas presentan daños graves o de reconstrucción total en el país, de las cuales 28 corresponden a Oaxaca. En cuanto a los planteles que por daños de moderados a severos requieren trabajos de reconstrucción parcial, 643 se encuentran en nuestro territorio, mientras que en las reparaciones de daños menores, en aquellas escuelas que se vieron afectadas en aspectos como puertas, ventanas, recubrimientos y enseres menores, en Oaxaca se rehabilitan 2 mil 804 escuelas.
Ante un escenario catastrófico, urge intensificar los trabajos de rehabilitación en todas las escuelas y junto con ello, dar la continuidad del programa “Escuelas al CIEN” en los planteles beneficiados para dotar a las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca con escuelas dignas y seguras. Sobre todo cuando poco o nada se sabe de este programa, de los recursos que maneja ni de las empresas constructoras que intervienen.
A pesar de que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) publicó hace algunos meses el nombre de cada una de las escuelas beneficiadas con los recursos federales para la remodelación de sus edificios, en nuestro estado se desconocen nombres del contratista, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal. Como tampoco avances físicos en obras que impiden alcanzar la transparencia que tanto se pregona.
Como parte de las siete prioridades que establece la Reforma Educativa para impulsar la mejora de los servicios educativos, se ha dicho que se avanza en el mejoramiento de la infraestructura escolar a través del programa en el que se aplican más de 2 mil millones de pesos para rehabilitar a más 2 mil 500 escuelas en beneficio de más 300 mil escolares.
Estos beneficios son para instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, y el 70 por ciento de los recursos son para planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con el fin de privilegiar a las niñas, niños y jóvenes que cursan sus estudios básicos, pero a poco de que termine el sexenio, poco se sabe de los avances.
