A pesar de las cuentas alegres de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en nuestro estado, la pobreza y la marginación se siguen enseñoreando sin que la política social del gobierno de la República se haga efectiva entre la población.

El municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, es el que tiene el mayor porcentaje de su población en pobreza o pobreza extrema, en todo el país. En cambio, el municipio de Huépac, Sonora, es el que tiene el menor porcentaje de gente en pobreza, incluso con mejores cifras que las de delegaciones como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su medición de pobreza municipal en 2015, y su comparativo con los datos de 2010, ponen en evidencia que la política social a través de la Sedesol no responde a las necesidades de la población, mucho menos a la lucha contra la pobreza y la marginación, pues una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), explica el Coneval.

Además, se considera pobreza extrema, cuando la gente tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria.

Un ejemplo de este fracaso se vive en San Simón Zahuatlán, convertido en el cuarto municipio del país con mayor porcentaje de su población en pobreza extrema, pues si antes ocupaba el quinto lugar en comunidades de mayor marginación desde el 2014, hoy va camino al primer lugar. Estuvo dentro de los municipios contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsó el gobierno federal, junto con otros pueblos de esta parte de la región de la Mixteca, como San Miguel Amatitlán, San Jorge Nuchita y Santos Reyes Yucuná, éste último que ahora ocupa el primer lugar en pobreza extrema.

Esta comunidad y sus 13 barrios viven en el contraste, cuentan con un gimnasio al aire libre, un auditorio techado, las calles principales pavimentadas, pero no tienen drenaje, reciben agua cada 14 días y sólo tienen atención médica cuatro días a la semana. Así la política social.

Detener violencia

La violencia contra las mujeres más extendida es aquella que ocurre en el ámbito de las relaciones más cercanas, como la de pareja, por ende el principal agresor es o ha sido el esposo, la pareja o el novio. Por ello la violencia de la pareja ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres que están o han estado casadas o unidas y se estima que por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 47 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.

Pese a la aprobación de leyes severas para frenar las agresiones a mujeres, estas no disminuyen en América Latina, la región más violenta del mundo contra las mujeres, sin estar en un contexto de guerra. En el caso de México, se presentan niveles de crisis severa respecto al feminicidio. La ONU consideró que las cifras de este delito están tomando una magnitud y ensañamiento devastador, ya que dos de cada tres mujeres asesinadas mueren a causa de su género.

Sin embargo, erradicar la violencia entre las mujeres no debe recaer solo en las autoridades, se requiere también de una mayor participación de la sociedad civil. Los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que 40.8 por ciento ha sido sometida -al menos una vez a lo largo de su relación- a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.

A estas les siguen las de tipo económico, tales como el control o el chantaje, mientras que las agresiones corporales y sexuales se ubican muy por debajo de aquellas. En Oaxaca tan solo en 20.5 por ciento de las mujeres que reportaron violencia física, se trató de agresiones moderadas; en 79.5 por ciento, se trató de violencia física grave y muy grave, que asciende a más de 147 mil mujeres. El conjunto de mujeres que enfrentaron violencia muy grave o extrema (21.2%) y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que ascienden a poco más de 39 mil mujeres de la entidad.

Es indudable que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole personal o privado, sino social y que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedir el adelanto pleno de la mujer.