Ha de estar bastante decepcionado el presidente López Obrador al saber que sus discursos contra la corrupción y el dispendio desde el poder, ni los ven ni los oyen sus correligionarios del Morena en Oaxaca. La mayoría de los que alcanzaron el poder gracias al efecto Peje en las pasadas elecciones, están cometiendo abusos que, tarde o temprano, tendrán consecuencias.
Llevar a sus activistas de la acción de las barricadas, bloqueo de calles, carreteras, marchas y plantones, a la administración pública no es democracia, es una barbaridad.
A vuela pluma les comento algunos de los frecuentes despotismos en que suelen incurrir legisladores, diputados, presidentes municipales y altos funcionarios del gobierno federal. Son arbitrariedades que han trascendido en los medios o son comentarios que corren de viva voz en las mismas delegaciones federales.
Delegada cooptada
De la llamada “super delegada” Nancy Ortíz Cabrera, dicen que agobiada por la inmensidad de dinero que maneja para los programas sociales del presidente AMLO, ha perdido el piso. El manejo discrecional de muchos millones de pesos (cuentan que, en una oficina alterna en el sur de la ciudad, sus empleados no se dan abasto para contar y distribuir los alteros de billetes) necesariamente la conducirán a algún tipo de responsabilidad a partir de alguna auditoría. Hoy la administración pública exige rigurosos métodos de control de presupuestos que, por lo visto, la “super delegada” ni siquiera imagina.
Cuentan detalles de un asunto concreto. El subdelegado de programas sociales en el Istmo de Tehuantepec, Arturo Toledo y su hermano, manejan como negocio propio dos programas, el de reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos y el de “La Escuela es Nuestra” que manejarán maestros del cártel 22. A eso se debe que estén presionando tanto para que el dinero para esos programas federales aterrice ya.
Solo en esa región han enlistado 4 mil 163 escuelas que, para mantenimiento, recibirán de 150 mil a medio millón de pesos cada una. Algunos maestros descubren que en esta lista hay escuelas fantasmas. En el Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) han reportado escuelas sin clave y sin alumnos.
Este es solo un botón de muestra de la manera tan desordenada en que manejan los programas de la Secretaría de Bienestar del gobierno de México. Es de imaginar que, ante la ausencia de normas, las ratas retozan.
Me dicen que lo más felices por tal desbarajuste son dos priistas lagartones: Alejandro Avilés y Jorge Guerrero. Ambos son asesores de cabecera de la superdelegada. Le han lavado de tal manera el cerebro que doña Nancy ya se cree con posibilidades de ser candidata a gobernadora.
Ediles incorregibles
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO) cuyo titular es Guillermo Mengchú, se queja que cerca de un centenar de presidentes municipales del estado, niegan informes del dinero público que reciben. Esto es consecuencia de la gran impunidad que los sucesivos gobiernos han permitido.
Llama la atención que, entre los Ayuntamientos reacios a rendir cuentas, sobresalgan los que presiden militantes del partido Morena.
Está, por ejemplo, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez que preside Oswaldo García Jarquín. Desfasada su administración en diversos aspectos como la priorización de obras y el Plan Municipal de Desarrollo, ahora está entre los 43 presidentes municipales que se niegan a rendir cuentas. Faltan solo 3 meses para que termine el año y no ha informado al OSFEO en qué invirtió el dinero público recibido. En la misma situación de opacidad están otros presidentes municipales morenistas como el de Juchitán de Zaragoza, Huajuapan de León, Salina Cruz, entre otros.
Alcaldadas
Si bien el hurto de dinero público sin consecuencia alguna ya es cosa normal en los municipios de Oaxaca, causa sorpresa que tales abusos se den ahora con más frecuencia, principalmente, entre los presidentes municipales del partido Morena. Llama la atención porque hacen lo contrario a los persistentes llamados del presidente AMLO en su lucha contra la corrupción y los abusos desde el poder.
Es el caso del presidente municipal del caótico puerto de Salina Cruz que mal gobierna el morenista Juan Carlos Atecas. Entre el uso de la fuerza policiaca para rescatar a una de sus regidoras que manejaba un coche robado, acusaciones por desvío del presupuesto ahora lo señalan de vender un terreno municipal por seis millones de pesos.
A la nueva investigación en contra del tal Atecas, hay que agregar la renuncia del juez calificador municipal José Adán Ramírez Luis quien señala la arbitrariedad que comete con la venta de un terreno municipal que ocupaban jóvenes futbolistas de ese municipio. (Continuamos).
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