Los sismos de septiembre de 2017 fueron una prueba de fuego para el gobierno de Alejandro Murat. Era parte de una secuela en la que iniciamos hace exactamente un año, con una espantosa sequía. Más tarde vendrían los coletazos de la tormenta tropical “Beatriz” y luego “Calvin” y más tarde “Ramón”. La presa “Benito Juárez” de Jalapa del Marqués vino a ser en la Semana Santa del año pasado, un atractivo turístico, por una situación inédita: la presa se secó a tal nivel que el ex convento dominico sumergido en las aguas emergió. Familias enteras que en años anteriores habían visitado dicho lugar por la pesca de mojarra y otras, tuvieron que acudir a visitar dicho monumento histórico. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, en menos de tres semanas, las lluvias intensas provocaron no sólo el llenado de la presa sino inclusive su rebalse. Tuvo que desfogarse, pues alcanzó niveles mayores al 100%. Luego vendrían los sismos. El primero de 8.2 grados en la escala de Richter, que devastó por completo la zona de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Santa María Xadani y decenas más. Hay que reconocer que la emergencia agarró a la nueva administración gubernamental, sin saber qué hacer en casos como éste.
Por ello, la ciudadanía está muy al pendiente que los errores cometidos en la zona istmeña, no se repitan en la Costa de Oaxaca, azotada por los sismos del 16 de febrero y los subsecuentes. Que la improvisación, que las emociones y otras de naturaleza humana, no se interfieran en la atención simple y llana de los damnificados. Se ha dado ya el censo de las viviendas y edificios públicos afectados. Que dicho ejercicio se haga de una manera profesional y no de forma superficial como se hizo en el Istmo. Por ello, se ha advertido que no se cometan los mismos errores en la evaluación de los daños y afectaciones que se dieron en al menos 33 comunidades de la Costa y la Mixteca oaxaqueña. Hasta la fecha se llevan contabilizadas 6 mil viviendas afectadas. Para recibir el auxilio de la Federación las cuentas deben cuadrar y evitar que funcionarios quieran llevar agua a su molino, como lamentablemente ocurrió en la región del Istmo. Insistimos, que los funcionarios acreditados para evaluar los daños y afectaciones pongan a trabajar a sus mejores equipos y no den de qué hablar. Mucho ayudarán al ejecutivo estatal si hacen su trabajo con discreción y profesionalismo.
Siguen ilícitos
Hace un par de semanas, fueron subidas a redes sociales, las fotografías de un operador de tracto-camión atado de manos, víctima de un asalto en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan. Dicho tramo carretero se ha convertido en un infierno para los vehículos que transportan mercancías, muebles, aparatos eléctricos, etc. La mayor parte provienen de poblaciones de la Mixteca oaxaqueña y poblana, principalmente de ésta última, pues el tramo más peligroso es cerca de lugares como Palmar de Bravo, Tehuacán y otros, en poder de los llamados “huachicoleros”, que han buscado en los asaltos carreteros una vertiente más en su carrera delictiva. Dado que dichas unidades tienen en su mayoría instrumentos para su localización vía satélite, las citadas bandas tienen a su vez, dispositivos para inhibir las señales. Los asaltos carreteros que se creían desaparecidos en la entidad oaxaqueña han aparecido de nuevo, como ya hemos comentado en este mismo espacio editorial. La carretera 190, que conduce de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, vuelve a los diarios impresos, como uno de los espacios geográficos más peligrosos. Las bandas que asolaban parajes como el Portillo de Nejapa, Las Ánimas y la Reforma, siguen haciendo su agosto, tomando como víctimas a inocentes pasajeros o automovilistas.
A todo ello, nos preguntamos, ¿qué hacen las corporaciones policiales y la dependencia responsable de la seguridad pública? Que sepamos, nada. Basta sólo ver la información que se genera en dichas áreas del Poder Ejecutivo para darnos cuenta que sólo publicitan cuestiones superficiales, como el decomiso de unidades presuntamente robadas o sujetos detenidos en los operativos de alcoholímetro, que operativos policiales o mixtos para detener esta ola delictiva que afecta a Oaxaca. Las ejecuciones son cosa de todos los días en la Cuenca del Papaloapan y Juchitán de Zaragoza. Pero no sabemos de operativos que inhiban esta ola de violencia. El hecho de que nuestra entidad figure ya a nivel nacional como una de las entidades más inseguras advierte que algunos no están haciendo su trabajo o cumpliendo con su responsabilidad. Lo grave de todo ello es que la crítica se vuelca sobre el gobernador del estado y no sobre algunos de sus funcionarios que tal parece que están aquí sólo de vacaciones. La sociedad debe exigir acciones concretas y severas para terminar con este clima lacerante de inseguridad que vivimos en la entidad.
