Si algo identificaba a los adoradores de AMLO en Oaxaca, principalmente a los del cártel 22, era su apego a sus lineamientos y consignas. Durante sus largos años de campaña acataban a pie juntillas todas las consignas para boicotear las actividades del PRIAN cuando se trataba de actividades presidenciales. No les importaba causar daños a terceros secuestrando oficinas públicas o bloqueando calles y carreteras. Lo extravagante hoy es que, conquistado el poder, van a contracorriente de todas las nuevas proclamas del presidente López, sobre todo en sus lineamientos de eficiencia, austeridad y combate a la corrupción.
Para corroborar la gran resistencia de los morenistas chapulineros, a las políticas de austeridad, honestidad y eficiencia desde el poder, basta ver el comportamiento de los diputados de la 64 legislatura donde la corrupción y la opacidad en el manejo del presupuesto, saltan a la vista con todo y que el Morena tiene mayoría avasalladora.
Evidencias
Las evidencias de la gran corrupción en el Congreso local que maneja Salomón Jara Cruz a través de su testaferro Laura Estrada Mauro presidenta de la Jucopo no son nuevas.
En enero pasado gran sorpresa se llevó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnzky al enterarse que los diputados de Morena en el Congreso oaxaqueño donde tienen mayoría apabulladora, se frotaban las manos al lado de los priistas y los otros curulecos de la chiquillada, por la gran cantidad de dinero de que dispondrían.
El reparto
Todos los diputados hacían cuentas alegres por el generoso presupuesto que se auto aprobaron y que el Ejecutivo les va soltando conforme presionan con el chantaje político. Esta costumbre si la tienen presente.
Es una cantidad brutal de dinero público, aunque signifique solo el 0.2 por ciento del presupuesto estatal de casi 70 mil millones de pesos.
La semana pasada el diputado morenista Ericel Gómez Nucamendi hizo publicar una nota en su periódico donde revela que la mayoría de los diputados del Congreso local, se niegan a rendir cuentas de unos 500 millones de pesos que recibieron tan solo en los primeros cinco meses de este gobierno.
El presupuesto para el poder legislativo se calcula en unos mil 400 millones de pesos. Representa una enorme cantidad para un pueblo tan empobrecido como es Oaxaca. Si en menos de un semestre, la 64 legislatura del (peor) Congreso de Oaxaca, se repartió cerca de 500 mdp hay razones para calcular son mil 400 millones de pesos los que se engulle este Congreso cada año. Aunque está catalogado entre los menos productivos del país se alza como el más oneroso.
Revisión de cuentas
Aunque la mayoría morenista se niega a rendir cuentas, la inquietud de la transparencia ya prendió en esta cámara. Lo que descubrió en enero pasado la dirigente nacional del Morena, necesariamente tendrá consecuencias, me comenta un diputado, porque al retornar a la CdMx lo primero que hizo fue pedir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, revisar los presupuestos que manejarían los diputados locales que se resisten a la austeridad ordenada por el presidente AMLO.
Corrupción galopante
Otros casos axiomáticos de corrupción e ineficiencia de morenistas empoderados, no se pueden ocultar en diversos gobiernos municipales como en Huajuápam de León donde el matrimonio perredista (ahora morenistas de ocasión) de Juana Cruz y Pedro Silva ejercen un gobierno dual.
En la capital oaxaqueña el ausente presidente municipal Oswaldo García Jarquín alcanza récord en la invasión de puestos ambulantes en el Centro Histórico. Sus cuestionados negocios como la renta de la flotilla de camiones recolectores de basura, el pago de cada vendedor ambulante por los espacios ocupados así como el color de las patrullas violando leyes fundamentales, están en tela de juicio.
Otros escándalos mayúsculos de corrupción se ventilan en los Ayuntamientos de Salina Cruz y San Blas Atempa donde Carlos Atecas y Antonino Morales, respectivamente, actúan como verdaderos saqueadores de las arcas municipales.
Hay legisladores que ganaron gracias al efecto ‘Peje’, pero tampoco se ciñen a las políticas de austeridad y honestidad que tanto pregona el presidente AMLO.
Está el caso del Senador Salomón Jara Cruz y el de los diputados federales Benjamín Robles “cara sucia” e Irineo Molina Espinoza. Sus excesos en gastos de promoción política personal con el pretexto de sus respectivos informes de gobierno son signo de gastos extraordinarios cuyo origen no explican.
Las primeras consecuencias por el gasto de tanto dinero cuya procedencia nadie explica, han merecido dos denuncias ante el INE. Falta ver si procede la investigación en este gobierno que se dice “diferente”.
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