De una cosa podemos estar ciertos: tanto el presidente de la República como su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están empeñados en violar la ley electoral una y otra vez. Es decir, el afán de supremacía que hoy caracteriza al partido en el poder, lo ha convertido en un violador constante y flagrante del marco legal que rige el sistema de elecciones en el país. Primero fue la violación a la veda, que impide publicitar las bondades gubernamentales, como lo hace López Obrador a diario, en las llamadas mañaneras. Y, en segundo lugar, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el más alto órgano jurisdiccional en la materia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han solicitado una y otra vez el retiro de espectaculares y anuncios sobre la revocación de mandato, dado que violenta los principios elementales de imparcialidad y legalidad.
No obstante, lo anterior, el grupo mayoritario de Morena en el Congreso de la Unión ha pretendido darle la vuelta y aprobar reformas a la ley vigente, de manera que legisladores (as) y funcionarios públicos puedan expresarse libremente del tema, haciendo publicidad en favor del presidente. La idea perversa es poner contra la pared a los consejeros del INE que, desde hace mucho tanto el presidente como sus corifeos traen entre ojos: el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello y el consejero, Ciro Murayama. Violar las disposiciones que establece la referida ley se ha convertido en el deporte favorito del citado partido político y de sus íconos más reconocidos. En días pasados se llevaron a cabo manifestaciones masivas en apoyo al primer mandatario, dando al traste con las disposiciones legales en la materia.
La semana anterior un ex presidente del INE señaló en su cuenta de Twitter que, por si no lo saben en Morena, en las entidades en donde se llevarán a cabo elecciones para la gubernatura, como es el caso de Oaxaca, la resistencia a retirar los señalados espectaculares pueden devenir factores para anularlas. Es decir, el principal interesado en que se cumpla la ley debe ser el candidato. Se trata de una exigencia con la que se pueda partir para iniciar un proceso de campañas desde el punto de vista de la equidad entre quienes participan. Pero lo que se ha visto hasta hoy, es pura cerrazón y un afán torvo de violentar la norma.
Proyecto bajo asedio
Todo apunta a que en el gobierno federal tienen ya claridad de que el proyecto presidencial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), está bajo permanente asedio criminal. Por ello, una de las primeras medidas que se adoptó para contrarrestar esta situación es poner el proyecto bajo vigilancia de la Marina/Armada de México. Sin embargo, la magnitud del CIIT, que abarca zonas en dos entidades del país: Veracruz y Oaxaca, la cantidad de efectivos que, se sabe, se han desplegado para tal tarea es demasiado limitada para la incidencia delictiva que se da en la zona, particularmente en municipios como Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero, Santa María y Santo Domingo Petapa, Lagunas y otras comunidades. Las ejecuciones y ajustes de cuentas en toda esta zona es cuestión cotidiana.
Hace dos semanas, la situación de inseguridad se analizó en una reunión de fiscales de la región Sur-Sureste, en la que participó el mismo titular de la SEMAR, además de los fiscales de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. El peligro de las operaciones criminales obstaculizando los trabajos del citado proyecto prioritario presidencial, no es algo que deba soslayarse, sino que está presente. El tema, como lo hemos comentado en este mismo espacio editorial, ha sido abordado a profundidad por algunos colegas de medios de comunicación de la capital del país, especialmente Raymundo Riva Palacio y Peniley Ramírez. El primero en el diario “El Financiero” y la segunda en “Reforma”. Ambos han dado pelos y señales de las operaciones de confederaciones y sindicatos del transporte, de la mano de grupos criminales.
Y van más allá. Estiman que el interés de dichos grupos delictivos estriba en el monopolio del mercado asiático del fentanilo, precursor de drogas sintéticas que ya permean entre los consumidores. Es obvio, el control de las operaciones de transporte de mercancías y contenedores del Pacífico al Golfo, o viceversa, es un suculento platillo que no pueden dejar de lado. Para ello, la lucha entre sí es a muerte. Lo que hemos visto hasta hoy podría ser sólo el principio de una guerra sin cuartel. Es importante subrayar que el mismo presidente de la República, ha abordado el tema de la inseguridad y la presencia de sindicatos “mañosos” que encarecen los materiales. Así lo dijo hace unos meses.
