(segunda parte)
Si el Senado llama a cuentas a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por una acción que viola la constitución y que hizo en aras de combatir un flagelo que sufre su entidad federativa, también debería llamar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por la omisión durante su sexenio, de atender tal flagelo que agobia al país. La ley se viola por acción y por omisión, debido a que es una obligación del Estado proteger el derecho humano a la seguridad pública de los mexicanos. Y lo dejó crecer hasta lo inaguantable.
El dilema entre soberanía y seguridad es, en realidad, un falso dilema. Una democracia constitucional no debe elegir entre una y otra. La soberanía nacional y la seguridad pública son bienes jurídicos complementarios, no antagónicos. La primera proporciona el marco institucional; la segunda, la razón última de su existencia. Sin soberanía, el Estado pierde control sobre su territorio y sus decisiones. Sin seguridad, la soberanía se vuelve una promesa vacía para la ciudadanía.
Y el verdadero problema, por tanto, no es la cooperación internacional en sí misma. Esa cooperación es indispensable. El problema radica en la ausencia de coordinación constitucionalmente válida entre los órdenes de gobierno y coordinación internacional de un problema que trasciende las fronteras.
Por ello, la respuesta correcta no es sacrificar la soberanía en nombre de la seguridad, ni invocar la soberanía para tolerar la inacción frente al crimen. La respuesta es fortalecer los mecanismos de cooperación interestatal e internacional bajo reglas claras, transparentes y sujetas a control democrático.
El caso Chihuahua deja una lección contundente: en la lucha contra el crimen organizado, la eficacia operativa nunca puede sustituir a la legitimidad constitucional en un auténtico Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos debe realizarse siempre dentro de la ley. Porque cuando la legalidad se vulnera en nombre de la seguridad, el remedio puede terminar debilitando precisamente aquello que se busca proteger. Y entonces, la victoria sería apenas aparente.
La lucha contra el crimen organizado requiere colaboración internacional, sí, pero dentro del marco del Estado de derecho, como lo ha sostenido Claudia Sheinbaum. Lo que permite reconocer positivamente la actual reacción de la presidenta de la república al aceptar la colaboración de los EEUU de manera coordinada, es un paso inteligente y necesario.
Así que valga decir que este acto desesperado de Chihuahua sirvió para apresurar algo planteado por los Estados Unidos que se dilató ante la ambivalencia del gobierno federal mexicano. Pero, al parecer ya se dieron los canales de comunicación y el acuerdo institucional.
Los mexicanos estamos urgidos de paz y de confianza, queremos actos contundentes en dos sentidos, más seguridad pública y control del crimen organizado y mayor confianza en nuestro gobierno ante el alto índice de corrupción, que va desde los escalones más inmediatos del municipio, pasando por la Entidad Federativa que actúa con gran procacidad, hasta los más altos escaños del gobierno federal, paraestatales y las empresas productivas del Estado que siempre han funcionado como las cajas chicas del gobierno desde antaño. De no ser así, estaríamos como los Emiratos Árabes.
La cuatro T ofreció honradez y ha caminado en sentido contrario. Ya no aguanta la ciudadanía y empresarios pagar moches por cada servicio público, por cada contrato, saber del lavado de dinero que hacen los funcionarios, diputados, y demás servidores públicos, con facturas hechizas. Por ello, no está mal la digitalización monetaria propuesta por la presidenta, parece que ya le va quedando clara la película.
Pero, ¿los grandes contratos de adjudicación directa a empresas nuevas, ajenas o no, al giro en que se constituyen, y que son de amigos o familiares de los altos funcionarios, cuándo se suspenden? Todo está en un mal diseño del ejercicio de los recursos públicos y la intromisión de los partidos políticos en las administraciones que ellos gobiernan.
